Los programas de empleabilidad no han podido comenzar. Las entidades que los llevaban a cabo no han tenido opción de elegir si los seguían ejecutando o no porque dicha ejecución ha terminado. Y no se puede empezar lo que no se ha convocado.
En primer lugar, la mayor parte de la financiación de estos programas depende de los Fondos Europeos que a su vez exigen que esté aprobado el llamado Programa Operativo Regional. El anterior ya caducó y el Gobierno Regional de la CARM todavía no ha presentado el nuevo, que va del año 2021 al 2027.
En segundo lugar, para empezar una obra o servicio (en este caso los programas de empleabilidad) que quiere ser adjudicado por concurrencia competitiva, debe existir un reglamento que explique las reglas del juego para este nuevo periodo (la llamada “orden de bases”). A continuación, debe aparecer la convocatoria correspondiente en el BORM. Después, debe haber un periodo de presentación de proyectos, y otro para la valoración de los mismos. Finalmente, se llegará a la adjudicación definitiva. Por no hablar de las consultas jurídicas, económicas y a los órganos de participación que exige la ley; la apertura de expedientes, los tiempos para requerimientos y subsanaciones… Todo lo anterior son trámites de obligado cumplimiento que exigen tiempo. Aunque puedan acortarse plazos, todos estos pasos se deben dar.
¿Puede alguien ponerse unos zapatos que no están todavía a la venta? ¿O estrenar una camisa que está en proceso de confección?¿A alguien se le ocurre empezar una obra, una autovía, sin tener la adjudicación de dicha obra? Pues eso es lo que ha pretendido el Gobierno Regional de las entidades que llevaban a cabo los programas de empleabilidad.
Las entidades estamos intentando reaccionar a la situación creada por el IMAS y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia para minimizar daños. Daños en la atención de las personas, daños en la plantilla de tan magníficos/as profesionales, daños a las economías de las entidades y daño a una región que ya era la cuarta Comunidad Autónoma con más pobreza del país.
