Cosas que decir

La pobreza no es un accidente inevitable o un fenómeno meteorológico sobre el que nada podemos hacer. La pobreza es una situación provocada por las condiciones sociales y económicas de nuestra sociedad. 

Como la pobreza tiene causas económicas y sociales, podemos actuar sobre ellas para reducir la pobreza. Por eso desde EAPN Región de Murcia decimos siempre que luchar contra la pobreza es una decisión política.

La pobreza es una cuestión de derechos. Vivir en pobreza implica que hay una serie de derechos que te son propios que no puedes ejercer o disfrutar: derecho a la educación, derecho a una vivienda o a un empleo digno.

Todas las personas que vivimos en la Región de Murcia debemos tener los mismos derechos y la única forma de asegurar eso es mediante la toma de decisiones políticas en favor del bien común.

En la Región de Murcia, 1 de cada 3 personas está en riesgo de pobreza y exclusión social. La pobreza es un problema en el que viven casi medio millón de murcianas y murcianos pero nos concierne a la totalidad de la ciudadanía.

Una sociedad es más democrática, más libre y más rica cuanto menos pobreza tiene. La pandemia nos evidenció que la salud individual era también la salud colectiva. Esta evidencia sigue siendo válida para el bienestar y los derechos. El bienestar individual es también el bienestar colectivo.

La Región de Murcia será mejor región cuanta menos pobreza haya.

Tienes muchos más datos sobre pobreza en la Región de Murcia aquí.

Es frecuente que nos encontremos a gente que nos dicen que quien es pobre lo es porque no quiere trabajar o porque tiene estos o aquellos vicios o por alguna otra razón individual. Pero, como se puede leer más arriba, las principales causas de la pobreza no son individuales, sino que tienen que ver con la forma social y económica en la que nos hemos organizado.

La pobreza es, en muchas ocasiones, una situación a la que se llega desde el nacimiento. Muchas veces decimos que influye más el código postal que el código genético. Las tremendas dificultades que las personas en pobreza deben atravesar desde el comienzo de sus vidas les pueden hacer casi imposible acceder a un trabajo. O se tiene trabajo pero sin buena condiciones.

Nadie quiere vivir en pobreza, nadie quiere vivir en un asentamiento o en una chabola, nadie quiere tener que aguantarse el dolor de las caries porque no puede pagarse el dentista. Quien está en pobreza es porque no ha encontrado todavía la forma de salir de ella.

La pobreza infantil genera una sensibilidad especial pero conviene recordar que no hay niñas o niños pobres en familias que no lo sean. Si te preocupa la pobreza infantil debe preocuparte también la pobreza en general.

La pobreza infantil en la Región de Murcia es del 40,7%, lo que se traduce en más de 122.000 niños y niñas viviendo en hogares pobres (fuente)

Es habitual que hablemos en muchas ocasiones de «pobreza y exclusión social» como si fueran dos términos distintos. Pobreza solía tener un sentido más limitado, centrándose en la falta de recursos materiales y daba por sentado que se trataba de situaciones estáticas. Frente a ese concepto, se fue desarrollando el de «exclusión social». La exclusión social es un término más complejo en el que, a la falta de recursos materiales, se añaden cuestiones como la participación social, las relaciones sociales y familiares así como cuestiones de orden personal y comunitaria. La exclusión social se entiende ya como una cuestión dinámica, no es una situación estática, sino un proceso en el que se está y del que, por lo tanto, se puede salir (o entrar).

Desde la red, hace mucho tiempo en que insistimos en que la pobreza no es solo una cuestión de falta de recursos materiales, que es un proceso y que tiene que ver con cuestiones como los derechos. Por tanto, estamos de alguna manera unificando el significado de ambos términos.

Las niñas y niños que nacen en familias pobres deben enfrentar toda clase de dificultades que no deben enfrentar quienes viven en familias acomodadas. Hablamos de dificultades que pasan por ir al cole sin desayunar o sin libros de texto. Dificultades que acaban provocando el fracaso y abandono escolar en muchos casos. De ahí, se pasa a trabajos precarios o sumergidos y, al cabo de algunos años, quienes eran niños y niñas pobres se habrán convertido en personas adultas pobres, completando un círculo del que es muy muy difícil salir.

El “círculo vicioso de la pobreza” es una expresión que acuñó el economista Ragnar Nurkse para referirse a la «constelación de fuerzas que, a menudo, actúan en cadena dificultando, o directamente impidiendo, el desarrollo de las personas y familias más pobres». Dicho de otra forma: las niñas y niños que están pobreza tienen muchas posibilidades de acabar siendo personas adultas pobres.

En los libros de Historia del cole y del instituto nos enseñaban que la época moderna incluía eso de la movilidad social, que se podía pasar de una clase a otra, de pobre a rico. Si fuera así, nuestra época muy moderna no es. Si queremos ser realmente una sociedad moderna, debemos tomar decisiones políticas que rompan el círculo de la pobreza y activen eso que hemos llamado el ascensor social.

Una de las conclusiones del informe «La transmisión intergeneracional de la pobreza» (Foessa) es que la pobreza se hereda. El nivel de estudios, la situación laboral, la ocupación y la renta son los principales factores que contribuyen a que la pobreza se herede de una generación a otra. Esta afirmación la ilustran con el siguiente dato: Cuatro de cada diez personas adultas que vivieron su adolescencia con problemas económicos muy frecuentes no consiguieron terminar la educación secundaria (ver también «el círculo vicioso de la pobreza»).

Un informe reciente de la Plataforma de la Infancia concluye que la mitad  de las personas adultas que crecieron en su infancia en hogares con dificultades económicas, actualmente viven en los hogares más pobres.

Para evitar esta transmisión intergeneracional de la pobreza (y su círculo vicioso) es imprescindible tomar medidas en el sistema educativo pero no solo. Hay que asegurar unos ingresos mínimos a las familias, unas condiciones dignas en el empleo y que todo el mundo puede vivir y crecer en una vivienda en condiciones.

Las dos claves anteriores (pobreza hereditaria y círculo vicioso) nos hablan de que las causas que provocan la pobreza tienen que ver con el funcionamiento de nuestro modelo social y económico. Esa pobreza persistente se traduce en una desigualdad que pone de manifiesto lo injusto de nuestra sociedad. Decimos ser una sociedad de igualdad de oportunidades en las que todas las personas somos iguales pero hay quien tiene de sobra y hay quien pasa toda clase de calamidades.

La desigualdad rompe las sociedad generando toda clase de brechas. Hay brechas geográficas que se pueden ver comparando la riqueza y pobreza del norte y del sur de España. Hay brechas digitales, de género, laborales… Una sociedad agrietada, una sociedad desigual, no puede ser democrática ni justa.

La cultura del esfuerzo y del mérito es un mito que sirve para ocultar las causas sociales y económicas que provocan y mantienen la pobreza. Las condiciones de partida en nuestra sociedad son muy desiguales. Hay quien empieza muy atrás la carrera de obstáculo y hay quien nace ya en la meta. El 65% de la desigualdad de riqueza en España viene explicada por las herencias.

La meritocracia nos viene a decir que cada cual tiene lo que se merece. Culpar a quien está en pobreza de su pobreza, parece la guinda del pastel de la injusticia. El alumnado desfavorecido de la Región de Murcia tiene 9,4 veces más probabilidades de repetir que los de alto nivel socioeconómico a igualdad de rendimiento académico. Y esto es así, no por sus méritos o capacidades sino porque deben enfrentar dificultades que el resto del alumnado no sabe ni que existen.

Esta injusticia presente desde el mismo comienzo debe ser corregida. No podemos dejar que la vida y los derechos de las personas dependan del azar del código postal o de los apellidos. Por eso, deben tomarse medidas políticas para combatir la pobreza y la desigualdad.

Una sociedad es más democrática, más libre y más rica cuanto menos pobreza tiene. El dinero invertido en luchar contra la pobreza no es un gasto sin más. Es una inversión. Las políticas sociales invierten en los derechos que todas y todos tenemos al mismo tiempo que invierten en la riqueza común.

El Ingreso Mínimo Vital o la Renta Básica de Inserción que una familia recibe, acaba retornando al tejido económico del barrio en el que viven cuando compran en las tiendas o lo emplean para pagar el alquiler.

El riesgo de pobreza en la Región de Murcia es del 32,4%. Pero sería mucho mayor si el Estado (a través del gobierno central, el autonómico y los ayuntamientos) no desarrollaran políticas sociales. 

Si en la Región de Murcia no hubiera esta cobertura social por parte de las administraciones públicas (en forma de pensiones, ayudas sociales, cobertura por desempleo…), la situación de pobreza se ampliaría a la mitad de la población de esta región. O dicho de otro modo, gracias a estas actuaciones en política social, la pobreza se reduce del 50 al 32,4%.

La pobreza es una realidad múltiple. Los factores económicos son importantes pero no los únicos. La pobreza también depende del empleo, la vivienda, la educación, la salud. Para luchar contra la pobreza hay que intervenir sobre todos esos factores. Las políticas sociales son la base pero necesitamos políticas de empleo, vivienda, salud…

Esa totalidad también se refiere a las 3 administraciones. Es importante una buena coordinación entre el gobierno central, el autonómico y los municipales. Por ejemplo, el gobierno central gestiona el Ingreso Mínimo Vital (IMV) pero muchas veces las solicitudes se hacen desde las unidades de trabajo social de los ayuntamientos. Además, el IMV se debería coordinar y complementar con la Renta Básica de Inserción que es de carácter autonómico.

Y para que la totalidad sea total hacemos falta las entidades del tercer sector (sigue en el siguiente apartado).

Las entidades que formamos parte de EAPN Región de Murcia tenemos muy claro que la responsabilidad de la lucha contra la pobreza es de las administraciones públicas.  Por nuestra parte, somos aliadas imprescindibles en esta lucha. Nuestra participación, por el conocimiento que tenemos de la pobreza en la región, es fundamental en el diseño y desarrollo de las políticas destinadas a luchar contra la pobreza. Somos la pieza que hace falta para acabar el puzzle de las políticas sociales.

Podemos poner cifras a la afirmación anterior. En 2022, las entidades de EAPN Región de Murcia desarrollamos intervenciones que llegaron a más de 222.421 personas de nuestra región.

Tenemos en nuestras plantillas a más de 3545 trabajadores y trabajadoras y casi 9000 voluntarios y voluntarias. Son personas de todas las edades, de procedencias muy diversas y con toda clase de formaciones. Este talento humano es nuestra principal riqueza y que ponemos al servicio de la Región de Murcia.

Generamos un empleo de calidad, con un elevado índice de estabilidad de nuestras plantillas, a pesar del inestable modelo de financiación de las políticas sociales que tienen que ver con el tercer sector. 

En 2022, desarrollamos intervenciones por un valor económico de 108 millones de euros en nuestra región. Contribuimos a inyectar en la región muchos millones de euros todos los años, procedentes de fondos Europeos, de fondos del Estado y de entidades privadas. Un dinero que aporta riqueza a nuestros municipios y ciudades, que genera muchos empleos, que repercute en la red de comercio local y que tiene un retorno en términos de impuestos.

Los discursos de odio que vemos en redes sociales o que escuchamos en algunas intervenciones públicas son discursos elaborados con sumo cuidado. Quienes expresan en ellos su racismo, machismo, clasismo, homofobia o transfobia saben que cuanto más odioso sea su mensaje más viral se volverá. En esa difusión masiva de estos mensajes de odio, somos determinantes aquellas personas que, desde la más que legítima indignación, los compartimos. Nuestra intención puede ser denunciarlos y rechazarlos pero lo que en realidad conseguimos es difundir el mensaje. Les hacemos gratis una campaña que les costaría mucho dinero si tuvieran que pagarla. Y, como lo saben, cada vez envían mensajes peores. No hay que caer más en su trampa.

El dicho popular nos da la clave: no hay mayor desprecio que el no hacer aprecio. También podemos pensar en Indiana Jones usando su látigo contra los nazis en alguna de sus películas. Sin embargo, esto no significa ignorar el problema, sino abordarlo con estrategias efectivas. No respondamos con su mismo lenguaje ni amplifiquemos su odio. En su lugar, construyamos narrativas que resalten los valores de igualdad, justicia y convivencia pacífica.

Bloqueemos el odio, actuemos con inteligencia. No ayudemos a que circule. No demos oxígeno a los discursos de odio. No compartamos ni respondamos con indignación, porque esto solo alimenta su viralidad. Bloqueemos, denunciemos y reportemos a quienes lo promueven (existen mecanismos en todas las redes sociales para reportar contenido que inciten al odio y la violencia).

Los discursos de odio están pensados con todo detalle. Cuidan mucho las imágenes que emplean, las consignas que transmiten y las palabras que usan. No son palabras inocentes. Muchas veces las camuflan con juegos de palabras (feminazi), otras con expresiones amables (pin parental) y otras con siglas (aquí nos vamos a ahorrar poner nada). Detrás de esas palabras, está el intento de ridiculizar o criminalizar a quienes se dirigen. Es el primer paso de la pirámide del odio que conduce al desastre.

No reforcemos sus marcos de referencia ni utilicemos su terminología, porque eso solo valida su discurso. A las chicas y chicos que han llegado como han podido a nuestro país sin la compañía de ninguna persona adulta, llamémosles por lo que son: zagalas y zagales. Usemos las palabras que mejor expresen nuestros valores y construyamos nuestra propia narrativa. Nuestros mensajes no deben construirse «a la contra» ni deben replicar los términos de quienes odian. En lugar de ello, hagamos que la narrativa del amor, el respeto y la convivencia se escuche más fuerte. Hablemos de historias de solidaridad, de ejemplos positivos y de los valores en los que creemos. Porque el odio se combate con inteligencia, pero sobre todo, con un relato de humanidad más fuerte y más inspirador.

Sí, lamentablemente, los discursos de odio hacia la población migrante están en aumento en la Región de Murcia, como en otras partes de España y Europa. Este crecimiento se debe, en parte, al clima político y social, donde algunos partidos y grupos están instrumentalizando el tema migratorio para ganar apoyo político. Este discurso se propaga a través de redes sociales y medios de comunicación, exacerbando el racismo y la xenofobia.

No podemos olvidar que la normalización del discurso de odio, da lugar a la proliferación de los delitos de odio.

En la Región de Murcia, los colectivos árabes y africanos suelen ser los más afectados por el racismo. Esto se debe a estereotipos profundamente arraigados, vinculados a prejuicios religiosos y culturales. La llegada de personas refugiadas de Ucrania, a las que se perciben más «parecidas» cultural y fenotípicamente a las personas españolas, ha evidenciado una discriminación diferenciada, donde las personas llegadas de Ucrania reciben un trato más favorable en comparación con migrantes de otras regiones, lo que subraya un racismo basado en aspectos culturales y étnicos.

Sí, es posible identificar que estos discursos son promovidos principalmente por ciertos partidos de extrema derecha. En la Región de Murcia, han sido particularmente activos en propagar mensajes que vinculan la inmigración con la inseguridad, la delincuencia y la pérdida de identidad cultural, lo cual contribuye a normalizar el odio hacia las personas migrantes.

La extrema derecha tiene un discurso hostil hacia los inmigrantes. Promoviendo una narrativa que asocia la inmigración con problemas de seguridad, desempleo y carga para los servicios públicos. Lo que puede generar un clima de miedo y desconfianza hacia la comunidad inmigrante. Esto es perjudicial para su bienestar y su integración (que es también el del conjunto de la sociedad).

Migrar es un derecho de las personas, de todas las personas. Igual derecho tiene la mujer senegalesa que busca trabajo en España porque no lo encuentra en su país, que la mujer española que se traslada a Bélgica para trabajar en un laboratorio de química porque las condiciones en España no son las más idóneas o el fisioterapeuta que busca trabajo en Milán.

Es importante desmontar dos mitos que suelen ir de la mano: el mito de que las personas migrantes «roban» trabajos y el de que «se aprovechan» de las ayudas sociales. Ambos argumentos son contradictorios y carecen de base en la realidad.

Primero, es importante destacar que la idea de que las personas migrantes «quitan» trabajos es un mito basado en una visión simplista y errónea del mercado laboral. En realidad, suelen ocupar empleos que muchas veces no son atractivos para la población local debido a las condiciones laborales, salarios bajos o la naturaleza del trabajo. Estos puestos son principalmente en sectores como la agricultura, la hostelería o el trabajo doméstico, donde existe una alta demanda de mano de obra y en condiciones laborales poco dignas.

Por otro lado, está la creencia de que las personas migrantes acceden más fácilmente a las ayudas sociales. Este es otro mito sin fundamento, ya que la mayoría de los migrantes no tienen acceso a las ayudas sociales hasta que regularizan su situación, lo cual puede tardar años. Además, la mayoría de las personas migrantes contribuyen al sistema de seguridad social más de lo que se benefician de él, lo que contradice la idea de que son una carga para el Estado. De hecho, por cada euro recibido en prestaciones, las personas nacidas en el extranjero ingresan 1,72 euros al erario público, cifra que supera en un 30% a los 1,32 euros que aportan las nacidas en España residentes en la Región (fuente).

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Como hemos dicho, migrar es un derecho. Pero si queremos hacer cuentas, las podemos hacer. Dos datos de una investigación conjunta entre la UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena) y el CES-RM (Consejo Económico y Social de la Región de Murcia):

La población nacida en el extranjero que reside en la Región de Murcia realiza una contribución fiscal neta positiva y generó el 35% del crecimiento económico regional entre 2005 y 2019.

Por cada euro recibido en prestaciones, los nacidos en el extranjero ingresan 1,72 euros al erario pública, cifra que supera en un 30% a los 1,32 euros que aportan los nacidos en España residentes en la Región y también superior a los 1,63 euros de los nacidos en el extranjero que residen en el resto de España.

Ver el informe.

Más allá de estas cifras, el valor que las personas migradas aportan a la sociedad a la que llegan se pone de manifiesto en muchos aspectos: demografía, comercio, cultura…

Las sociedades cerradas a la influencias externas se estacan y languidecen.

Las palabras importan. Es preferible hablar de «migraciones» en lugar de «inmigración» o de «personas migradas» en vez de «inmigrantes» porque no son un grupo homogéneo. Detrás de cada persona hay una historia única, igual que delante hay un futuro igualmente único. Si pensamos en las personas migradas como en un todo, hacemos que desaparezcan sus particularidades, sus capacidades, habilidades y esperanzas.

Las palabras importan. No hay siglas que puedan recoger con justicia lo que significa ser una niña o un niño y haber tenido que viajar en soledad a un país extraño a buscarte la vida por tu cuenta sin ninguna persona adulta que te ayude, te cuide y te proteja. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. En Murcia, a las niñas y niños les llamamos zagalas y zagales.

Lo que sigue es parte del manifiesto contra la pobreza que leímos el 23 de octubre de 2024 a las puertas de la Asamblea Regional: «Vivir en pobreza significa algunas veces haber huido antes de la pobreza o de la guerra o de la persecución política o sexual. Significa ser un niño o una niña que ha tenido que hacer un viaje muchas veces mortal y que merece toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño, toda nuestra protección; que merece todos los derechos que tiene la infancia. Todos y cada uno de esos derechos. Queremos insistir en esto: todas las niñas y niños que estén o que lleguen a nuestra región son merecedores de todos los derechos propios de la infancia.»

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Cada gesto de cuidado, de protección o de amor, cada decisión política a favor de la infancia no es un simple gesto o una simple decisión. Es, además, un mensaje que enviamos a esas niñas y niños de que son amados y de que hay una comunidad que se preocupa por ellos y ellas. Esto es igual de válido sea cual sea el lugar de nacimientos. Decimos mucho que la infancia es el futuro pero es también el presente.

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«El antigitanismo es una forma específica de racismo, una ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y de racismo institucional alimentado por una discriminación histórica, que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso del odio, la explotación y la discriminación en su forma más flagrante» (según aparece en la Recomendación de Política General Nº 13 de la ECRI sobre la lucha contra el antigitanismo y las discriminaciones contra los Romaníes/Gitanos).

El antigitanismo tiene su origen prácticamente desde la entrada del pueblo gitano a la península, con diversos factores que contribuyen a ello como la desconfianza al elemento extranjero (al otro), causas religiosas (vinculación al esoterismo), competencia económica (dedicación a ciertos oficios), asentamiento de estereotipos, aspectos culturales y perfiles étnicos (color de piel y rasgos).

El antigitanismo a lo largo de los siglos ha ido pasando por la esclavitud (Rumania y Moldavia), la prohibición de ejercer ciertos oficios, prohibiciones por leyes y pragmáticas del uso de la lengua y vestimentas, la Gran Redada (intento de exterminio de los gitanos en España en  1.749) y el  genocidio con el Nazismo entre otros, con la muerte de más de 250.000 gitanos y gitanas, entre otros acontecimientos.

En la actualidad, los ámbitos donde se detecta más antigitanismo son el la Educación (segregación escolar) en el empleo (acceso a un puesto de trabajo) en el acceso a una vivienda (no alquilan a gitanos) en la hipervigilancia a la hora de acceder a establecimientos y comercios, en las identificaciones y paradas policiales (paradas basadas en el perfil étnico) etc. Según datos del ultimo estudio realizado, el 70% de la población gitana dice sentirse o haberse sentido discriminada alguna vez.

La entrada en vigor de la La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, supone una herramienta en la lucha contra el antigitanismo, así como la inclusión del antigitanismo como agravante en el Código Penal. Normativas que junto con la capacitación de derechos del pueblo gitano pretenden reducir la infra denuncia, y ver año tras año reducido el numero de casos por antigitanismo.

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EAPN región de Murcia es una red feminista tanto por nuestro discurso como por nuestra práctica. Uno de los valores que nos distingue es el de la igualdad que la entendemos, tal y como aparece en nuestro Plan Estratégico como «el acceso efectivo a los mismos derechos, oportunidades y garantías  independientemente del sexo, la edad, el origen, las creencias religiosas, la orientación sexual o cualquier otra circunstancia personal, colectiva o social».

La lucha contra la pobreza no podrá ir nunca demasiado lejos en sus objetivos porque no hay un porcentaje de personas pobres que sea aceptable. El antirracismo no podrá ir nunca demasiado lejos en su empeño porque no hay una cantidad de racismo con la que sea soportable vivir. El movimiento LGTBIQ+ no podrá ir nunca demasiado lejos en sus reivindicaciones porque la democracia no debería aceptar ni siquiera un poco de homofobia o transfobia. El feminismo no podrá ir nunca demasiado lejos en sus logros porque no hay un mínimo de machismo compatible con la igualdad de derechos. Mientras esta igualdad de derechos no sea tan plena como real, el feminismo deberá persistir en su lucha.

No se enfrentan los mismos problemas siendo hombre hetero que siendo hombre homosexual. No se enfrentan los mismos prejuicios siendo mujer blanca que siendo mujer racializada. No se enfrentan las mismas dificultades siendo un joven sin discapacidad que con capacidad. Las discriminaciones se suman unas con otras y, por eso, las luchas deben volverse interseccionales. El feminismo es el espacio perfecto para esa convergencia de luchas.

La urgencia de un feminismo interseccional

La igualdad de género es un derecho humano fundamental reconocido en tratados internacionales como la CEDAW y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, aunque se han logrado avances en términos legales, persisten desigualdades estructurales que requieren acciones afirmativas, educación en igualdad y protección efectiva contra la discriminación.

A pesar de los avances, los datos muestran que la desigualdad sigue presente. Las mujeres ganan en promedio un 20% menos que los hombres, ocupan solo el 26% de los escaños parlamentarios y una de cada tres ha sido víctima de violencia de género. Además, en el ámbito doméstico, siguen asumiendo casi el triple del trabajo no remunerado en comparación con los hombres, recayendo en las mujeres el peso de la conciliación familiar.

No hablamos de lo mismo si hablamos de privilegios que si hablamos de derechos. Los privilegios de unos, se construyen sobre las desventajas y dificultades de otros. Sin embargo, los derechos se pueden disfrutar por igual. Que alguien gane derechos no implica, de ninguna de las maneras, que alguien los tenga que perder. Si las mujeres obtienen (de forma real) los mismos derechos que tienen los hombres, los hombres seguirán teniendo los mismos derechos. Porque abusar, maltratar o imponerse a la fuerza no son derechos.

A lo largo de esta web, estamos insistiendo en la importancia de usar las palabras apropiadas y en lo importante que resulta crear marcos de referencia que coincidan con los valores que defendemos y la manera en la que entendemos las realidades que nos rodean. Las mujeres que sufren violencia de género son víctimas de una situación terrible pero decidimos verlas también como mujeres que enfrentan dicha violencia, como mujeres capaces de tomar las riendas de su vida y, antes o después, hacer frente al maltrato y al maltratador.

CONTEXTO VIOLENCIA GÉNERO MUJERES MIGRANTES

Los discursos negacionistas de esta realidad difunden  el argumento falso de que las mujeres migrantes que llegan a nuestro país aprovechan la legislación en esta materia para conseguir la Autorización de Residencia por Violencia de Género y un conjunto de ayudas con las que pueden sobrevivir perfectamente en nuestro país por el resto de su vida; la forma de supuesta obtención de esta residencia sería la interposición de una denuncia falsa por violencia de género.

Frente a esto, la realidad con la que nos encontramos es que estas mujeres, que muchas veces llegan a España tratando de salir de situaciones de violencia en sus propios países de origen y de una falta de protección por parte de sus gobiernos se enfrentan a muchas mayores dificultades para denunciar la violencia que siguen sufriendo una vez llegan aquí y encontrar un adecuado amparo a los derechos humanos que pudiera resultar más fácil para una nacional española.

LOS MIEDOS MÁS COMUNES

Estas dificultades pasan por el miedo a una deportación al encontrarse muchas de ellas en situación irregular en España al tener la falsa creencia de que si denuncian serán inmediatamente expulsadas al conocerse su situación administrativa, sumado a que esto es un argumento utilizado por los mismos agresores; y esto ocurre principalmente porque normalmente, es el hombre quién normalmente llega primero a nuestro país, y una vez adquirida la residencia, reagrupa a su mujer y amenaza con que si él pierde este permiso ella también quedaría privada del mismo. Además la denuncia de estos hechos puede suponer una estigmatización en su comunidad y una ruptura de lazos familiares; por ello, reciben muchas veces una gran presión para disuadirlas de la idea de denunciar e incluso continuar conviviendo con su agresor.

Otra de las dificultades a las que se enfrentan es el desconocimiento de la legislación española en materia de violencia de género y todo el proceso posterior a la denuncia, lo cual se ve agravado por una brecha idiomática y una desconfianza tanto al sistema judicial y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado debido a que en sus países de origen se encuentran con sistemas judiciales y policiales corruptos que incluso llegan a considerarlo un asunto privado o de vergüenza social.

FRENTE A LOS BULOS-CONOCE LA LAGISLACIÓN

Frente a estos bulos tengamos el adecuado conocimiento de la legislación española en materia de violencia de género, ya que frente a la creencia de que una vez se denuncia se tiene acceso casi ilimitado a una serie de ayudas económicas, esto no es cierto y así se recoge en la L.O 1/2004 y en posterior Real Decreto 664/2024, de 9 de julio y en los catálogos de ayudas y prestaciones sociales de las correspondientes concejalías de cada ayuntamiento.

Para profundizar más en esta realidad aportamos los siguientes enlaces:

https://estadisticasviolenciagenero.igualdad.gob.es/

https://efeminista.com/desprotegidas/

https://www.rtve.es/noticias/20231118/objetivo-igualdad-violencia-genero-mujeres-migrantes-realidad-invisible/2460014.shtml

https://aieti.es/wp-content/uploads/2019/02/Violencia_genero_mujeres_migrantes.pdf

No siempre los datos son suficientes para desmontar bulos, mitos y noticias falsas. Si los fueran, ya hubiéramos dejado de hablar de lo de las denuncias falsas, pues según datos del CGPJ, el promedio de denuncias falsas entre los años 2009 y 2023 es del 0,0084 %.

De hecho, ante lo que nos encontramos es ante una falta de denuncias: en 2023, solo una de cada cuatro mujeres asesinadas (25,9 %) había presentado una denuncia previa contra sus agresores.

Fuente.

Muchas personas enfrentan barreras como la falta de formación, problemas de salud mental, discriminación o la ausencia de una red de apoyo. Además, muchos empleos precarios no ofrecen condiciones dignas ni estabilidad, lo que perpetúa el ciclo de pobreza. Culpar solo a la voluntad individual es simplista y oculta las fallas del sistema. Para reducir la exclusión, se necesitan políticas de empleo justas y apoyo real, no solo exigencias de “ponerse a trabajar”.

Las personas desempleadas son las más interesadas en acceder a un empleo para mejorar su integración social y económica, y desarrollar su proyecto vital con garantías.

A pesar de estar empleados, muchos trabajadores enfrentan precariedad laboral. En España, la pobreza laboral es una realidad que afecta al 13,7%, según un informe de Oxfam.

Un informe de FOESSA cuantifica en aproximadamente 2,5 millones de trabajadores en España que, a pesar de estar empleados, no logran superar la situación de pobreza relativa.

La inmigración es crucial para el desarrollo económico y el bienestar como sociedad. Las personas migrantes suelen ocupar puestos que complementan el mercado laboral, sin desplazar a los trabajadores locales. La población migrante tienen un papel crucial en la agricultura, construcción, hostelería, trabajo doméstico y cuidados.

En España, la ley exige que el contrato de trabajo se formalice antes de comenzar la actividad laboral. Trabajar sin contrato es ilegal y deja a la persona trabajadora sin protección legal ni acceso a derechos laborales básicos. No dar de alta en la Seguridad Social es una infracción grave conlleva sanciones económicas y puede acarrear responsabilidades penales.

En España, las cotizaciones a la Seguridad Social son una obligación compartida entre el empleador y el empleado. El empleador abona una parte pero el trabajador también contribuye con un porcentaje de su salario. Las cotizaciones a la Seguridad Social financian prestaciones como jubilación, desempleo, incapacidad temporal o maternidad/paternidad.

La legislación laboral española establece que cualquier periodo de prueba debe estar remunerado y formalizado por contrato. Exigir trabajo sin remuneración es ilegal y constituye una explotación laboral, con multas económicas y posibles responsabilidades penales para el empresario que utilice este tipo de procedimiento.

El trabajo no es un favor, sino un derecho fundamental reconocido en el Artículo 35 de la Constitución Española. La idea de que un trabajador no debe quejarse y solo dar gracias es un argumento que normaliza la explotación y la precariedad laboral. El trabajo debe garantizar un nivel de vida digno, y exigir mejores condiciones es un derecho, no un capricho.

Las prestaciones están reguladas y exigen a las personas migrantes los mismos requisitos que cualquier otro ciudadano. Además, las personas migrantes pagan impuestos como IRPF, IVA y cotizaciones sociales, igual que cualquier otro trabajador.

En otra sección de esta web hemos compartido un estudio del CES que demuestra que, en la Región de Murcia, las personas migrantes aportan más de lo que recibe. Hay un informe del Banco de España, que ofrece datos similares para el conjunto del país, donde las personas migrantes aportan a la Seguridad Social un 2% más de lo que reciben en prestaciones.

El Ente Público RTVE cuenta con una plataforma donde analiza información que circula por las redes sociales con el fin de detectar y corregir noticias falsas y bulos.

En la portada de esta web, nos presenta las últimas informaciones de actualidad que han sido verificadas.

En la sección «Caja de Herramientas» podemos acceder a numerosas webs que permiten saber el origen legítimo o no de imágenes, vídeos, texto, etc.