Artículo aparecido el jueves 02 de abril en la sección «Una ventana al tercer sector» de La Verdad con la firma de Rosa Cano (presidenta de EAPN Región de Murcia), Juan Antonio Segura (director de CONVIVE Fundación Cepaim) y Pedro Martínez (presidente del CERMI Región de Murcia).
En 2026, el mercado de la vivienda en España continúa tensionado, consolidándose como uno de los principales problemas socioeconómicos del país. La causa principal sigue siendo un déficit estructural de oferta, especialmente en vivienda nueva y, de forma aún más grave, en vivienda pública.
La oferta de vivienda disminuye mientras la población aumenta. No se construye lo suficiente. Y esta realidad, unida a la creciente presión especulativa sobre el mercado, explica buena parte de la escalada de precios que ha convertido la vivienda en la principal preocupación de la ciudadanía.
La Región de Murcia, tierra de contrastes, vive desde hace años una crisis silenciosa que no siempre recibe la atención que merece: el acceso a una vivienda digna. Mientras se promocionan urbanizaciones, se proyectan nuevos desarrollos y se ensalza la ‘atractividad residencial’ de la región, miles de ciudadanos y ciudadanas –especialmente jóvenes, familias con rentas bajas y personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad– ven cada vez más lejos la posibilidad de acceder a un hogar estable.
El precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, se ha disparado en los últimos años. Este fenómeno no es exclusivo de Murcia, pero sí presenta aquí particularidades especialmente preocupantes. En ciudades como Cartagena o Murcia capital, el alquiler de una vivienda media puede consumir más de la mitad del salario de una persona joven trabajadora. Y eso, si logra acceder a un contrato estable.
En abril de 2025, el alquiler medio en la región alcanzó los 9,70 euros por metro cuadrado, lo que supuso un incremento interanual del 9,4%. Una vivienda de 75 metros cuadrados supera ya los 700 euros mensuales, una cifra que se come más de un tercio del salario medio regional. Al mismo tiempo, más de 100.000 viviendas siguen vacías, muchas de ellas en manos de bancos o fondos de inversión. Y, por si fuera poco, en 2024 no se registró ni una sola vivienda protegida nueva en la Región. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
La respuesta tiene que ver con un modelo urbanístico desordenado, un mercado desregulado y políticas públicas claramente insuficientes. Durante años, la vivienda se ha tratado como un producto financiero, como un activo de inversión, y no como un derecho básico, ni como un bien de uso esencial. Sin embargo, la vivienda es uno de los pilares que sostienen la cohesión social, así como los procesos de integración y pertenencia a una comunidad.
Barrios enteros, especialmente en zonas costeras como La Manga o en urbanizaciones del interior, fueron diseñados más para la especulación y el turismo que para las necesidades reales de quienes viven y trabajan en ellos. El resultado es conocido: viviendas vacías, precios al alza y una juventud expulsada de su propia región. Solo el 17% de los jóvenes murcianos logra emanciparse antes de los 35 años. Una cifra que resulta difícil de asumir.
Pero existen soluciones reales, ya aplicadas en otros territorios y países, que podrían transformar la situación si se adoptan con decisión y visión de futuro.
Es imprescindible movilizar la vivienda vacía. No tiene sentido que Murcia cuente con más de cien mil casas sin uso mientras miles de personas no pueden permitirse un alquiler. Medidas como un impuesto progresivo a grandes tenedores con viviendas vacías, programas de cesión voluntaria con garantías públicas o ayudas a la rehabilitación a cambio de destinar las viviendas al alquiler social permitirían incorporar rápidamente al mercado miles de pisos asequibles.
Es urgente aumentar la vivienda pública asequible. Con solo un 0,39% de parque público, Murcia está muy por debajo de la media europea. La construcción de nuevas promociones públicas, la reserva obligatoria de viviendas protegidas en desarrollos privados y el impulso de cooperativas de vivienda en cesión de uso son vías efectivas para garantizar precios estables y accesibles a personas y familias.
Resulta imprescindible regular el mercado del alquiler. No se trata de intervenir de forma agresiva, sino de proteger a los residentes. Limitar los precios en zonas tensionadas, aplicar la legislación vigente, ordenar la proliferación del alquiler turístico y ofrecer incentivos fiscales a quienes apuesten por el alquiler asequible contribuiría a equilibrar un mercado hoy claramente desequilibrado.
Pero ninguna política será eficaz si no se protege también a quienes ya se encuentran en una situación límite. Las ayudas al alquiler para jóvenes y familias vulnerables, los programas de alquiler en transición para personas en emergencia social y las oficinas de prevención de desahucios permitirían evitar que cientos de hogares queden atrapados en un círculo de precariedad y exclusión.
Debemos garantizar la participación efectiva del tercer sector en la gestión de los fondos de impacto social destinados a vivienda y en la administración como arrendamientos sociales del parque de viviendas titularidad de la Sareb o de las administraciones públicas; apostando por criterios de proximidad, acompañamiento y conocimiento directo de la realidad de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.
Desde el Tercer Sector de Acción Social consideramos que la Región debe apostar por un urbanismo sostenible y planificado, que favorezca la integración, la cohesión social y la convivencia, priorizando la rehabilitación frente a la expansión descontrolada. Revitalizar barrios, mejorar la eficiencia energética de edificios antiguos y fomentar ciudades de 15 minutos mejoraría tanto el acceso a la vivienda como la calidad de vida en los barrios, evitando la segregación espacial de la pobreza y la concentración de familias en situación de riesgo en determinados espacios urbanos.
Murcia no puede seguir ignorando esta realidad. La vivienda no es un lujo, ni un bien especulativo: es un derecho que condiciona la salud, el empleo, la estabilidad emocional y la cohesión social. La Región necesita valentía política y un cambio de modelo. Las soluciones existen. Falta aplicarlas con decisión.
