Artículo aparecido el jueves 16 de julio en la sección «Una ventana al tercer sector» de La Verdad con la firma de Rosa Cano (presidenta de EAPN Región de Murcia), Juan Antonio Segura (director de CONVIVE Fundación C16epaim) y Pedro Martínez (presidente del CERMI Región de Murcia).
La regularización extraordinaria de personas migrantes que acaba de finalizar en España ha dado una respuesta justa a una demanda social histórica. Impulsada originalmente por el movimiento ciudadano Regularización Ya, contó con el respaldo de más de 800 organizaciones sociales, las cuales lograron reunir más de 600.000 firmas para registrar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados. Se trata de un proceso que ha suscitado un consenso transversal inédito en nuestro país, sumando apoyos explícitos de sindicatos, organizaciones empresariales, la Conferencia Episcopal, las entidades del tercer sector de acción social…
El proceso ha concluido con un volumen histórico de 1.174.978 solicitudes totales presentadas a nivel nacional y 45.242 en la Región de Murcia, consolidándose como el mayor proceso de regularización en la historia reciente de España. Estos datos significan otorgar seguridad jurídica y dignidad administrativa a miles de personas que, hasta ayer, permanecían invisibilizadas en nuestros barrios.
La radiografía que arroja el balance oficial refleja una distribución por género equilibrada, con una ligera preeminencia masculina: el 57% de los solicitantes son hombres (669.738) y el 43% son mujeres (505.240). Sin embargo, el dato más revelador es que cerca del 11% de los expedientes presentados corresponden a menores de 15 años. Este indicador demuestra de forma palmaria que no estamos ante una migración flotante o puramente estacional, sino ante familias plenamente asentadas que buscan consolidar su proyecto de vida a través de la reagrupación y el arraigo.
Por procedencia geográfica, América Central y del Sur concentra el 67% de las solicitudes totales. Como el segundo origen global del proceso, se sitúa Marruecos, que representa el 13,4% de los expedientes.
El cierre de este procedimiento, el séptimo que se acomete en España en los últimos veinte años, invita a una profunda y sosegada reflexión que trascienda el ruido y la polarización electoralista. La gestión de esta medida, coordinada entre las administraciones públicas y el tercer sector, no solo demuestra la viabilidad jurídica y organizativa del proceso, sino que ratifica que la inmigración regularizada es una palanca esencial para el desarrollo demográfico, social, económico y cultural de la sociedad española.
Frente a aquellos sectores que insisten en cuestionar el proceso agitando viejos mensajes como el ‘efecto llamada’, el incremento de la inseguridad o el colapso de los servicios públicos, la evidencia de los datos objetivos se alza como el mejor antídoto frente al relato del miedo.
Conviene recordar que las regularizaciones extraordinarias no llaman a nadie, por la sencilla razón de que responden a una fecha de corte rigurosa y acotada en el tiempo. Quienes se han beneficiado de la medida ya residían, consumían, trabajaban y aportaban a la sociedad española desde antes. La evidencia científica recopilada en revistas de referencia como el ‘Journal of Labor Economics’, al evaluar el proceso de regularización de 2005 en España (donde se normalizó la situación de unas 600.000 personas), determinó que la medida no generó incremento alguno en los flujos migratorios irregulares posteriores. Los movimientos migratorios responden a factores económicos estructurales y a necesidades reales de empleo en los países de origen y destino, no a facilidades burocráticas sobrevenidas. De hecho, los datos oficiales constatan que las llegadas por vías irregulares a las costas españolas disminuyeron más de un 44% en 2025.
Vincular la regularización con un aumento de la delincuencia contradice el concepto de seguridad inclusiva. En las democracias contemporáneas, la verdadera resiliencia de un Estado no depende de la altura de sus vallas exteriores, sino de derribar las fronteras interiores que separan artificialmente a la población inmigrante de la autóctona. La seguridad se construye reforzando la cohesión social, reduciendo la pobreza extrema y aumentando la confianza en las instituciones comunes. Mantener a miles de personas atrapadas en la irregularidad administrativa solo sirve para condenarlas al miedo, la desprotección jurídica y la marginalidad, propiciando nichos de explotación laboral en la economía sumergida. Normalizar el estatus de un ciudadano no genera inseguridad; al contrario, lo hace plenamente visible ante la ley, garantizando sus derechos pero también sus deberes.
El fantasma del colapso de los servicios públicos ignora de forma deliberada que la población inmigrante es un pilar fundamental para la viabilidad de estos. Los datos reales de uso tiran por tierra el prejuicio de que los extranjeros saturan la sanidad. Debido a un factor demográfico evidente, se trata de un perfil de población sustancialmente más joven que el autóctono, su frecuencia de uso del sistema sanitario es drásticamente menor. De hecho, apenas un 10% de las personas extranjeras en España utiliza los servicios de salud públicos de forma recurrente.
Las regularizaciones inyectan salud financiera a nuestro estado de bienestar, a través de sus cotizaciones e impuestos directos, sin que ello genere un aumento significativo del gasto social en sanidad o educación. Regularizar es sinónimo de competitividad, recaudación, cohesión social y transparencia laboral, permitiendo que la economía española mantenga un crecimiento del PIB por encima de la media de la Unión Europea.
Este proceso extraordinario no habría sido posible sin el papel esencial de las organizaciones del tercer sector y las asociaciones de inmigrantes, que han actuado como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado en materia de extranjería. No estamos ante una dádiva política, sino ante una necesidad demográfica social y económica apremiante para corregir las disfunciones de un mercado laboral rígido. Como bien nos recuerda el Consejo Económico y Social, si queremos avanzar de verdad en materia de seguridad y prosperidad, debemos apostar decididamente por un Pacto Social por la convivencia intercultural. Esta regularización ha sido el primer paso firme hacia ese modelo de sociedad madura, cohesionada y democrática.
