Artículo aparecido el jueves 26 de agosto en la sección «Una ventana al tercer sector» de La Verdad con la firma de Rosa Cano (presidenta de EAPN Región de Murcia), Juan Antonio Segura (director de CONVIVE Fundación C16epaim) y Pedro Martínez (presidente del CERMI Región de Murcia).
El cambio climático ha dejado de ser una predicción científica abstracta, es una realidad a pesar de que algunos lo sigan negando. Hoy, la crisis ambiental se materializa en problemas de salud, el precio de la cesta de la compra, las migraciones forzadas, los incendios y los termómetros de nuestras calles. No estamos ante un problema meramente ecológico, sino ante el mayor desafío humanitario, social y político de nuestra historia reciente. Durante décadas, el debate se centró en mitigar los daños para las generaciones futuras; hoy, la realidad nos demuestra que el futuro ya ha alcanzado al presente y que las consecuencias de la inacción las estamos pagando ya. La crisis climática es el síntoma de un modelo económico que prioriza el beneficio a corto plazo, sobre la vida humana.
A nivel global, los impactos del aumento de las temperaturas están rediseñando la geografía humana y la estabilidad de los países. La salud pública se tambalea bajo olas de calor cada vez más extremas, prolongadas y letales. Los hospitales del mundo constatan cómo las temperaturas extremas disparan las tasas de mortalidad y agravan las patologías cardiovasculares y respiratorias crónicas, especialmente en niños, ancianos y trabajadores expuestos a la intemperie.
Este escenario no nos afecta a todos por igual, actúa como un multiplicador de la pobreza y la desigualdad. Millones de personas se ven abocadas a abandonar sus tierras de origen al convertirse éstas en desiertos estériles o al quedar sus hogares sumergidos bajo el océano, configurando la trágica realidad de los refugiados climáticos, un estatus legal aún no reconocido plenamente pero que ya desplaza a comunidades enteras.
Para comprender que este fenómeno no entiende de distancias ni de fronteras, basta con fijar la mirada en la Región de Murcia, que es, según el consenso científico, la zona cero del cambio climático y la desertificación en el continente europeo. En nuestro territorio, el aumento de las temperaturas no es sólo una décima en una estadística, sino un golpe directo en la línea de flotación económica, social y ambiental.
Nuestra región se enfrenta a un desafío existencial. La agricultura intensiva, motor económico, choca de frente con un estrés hídrico extremo. Al elevarse las temperaturas, los cultivos requieren mayores volúmenes de agua para sobrevivir, justo cuando el futuro de aportaciones externas, como el trasvase Tajo-Segura, se vuelve cada vez más incierto. Además, los inviernos inusualmente cálidos confunden los ciclos biológicos de los árboles frutales, provocando floraciones anticipadas que quedan desprotegidas ante heladas tardías o que merman drásticamente la calidad de las cosechas.
El impacto medioambiental en nuestra región es dramático. El Mar Menor, una laguna única en el mundo, sufre las consecuencias del aumento de la temperatura del agua. Este calentamiento, combinado con la llegada de nutrientes de origen antrópico, acelera procesos de eutrofización y crisis de anoxia (falta de oxígeno) que llevan al ecosistema al límite del colapso. En el interior, las masas forestales de Sierra Espuña o del Noroeste se convierten en polvorines debido al estrés térmico y a la falta de humedad, elevando el riesgo de incendios a niveles extremos. Mientras tanto, en las ciudades, hay que adaptarse a un régimen de noches tropicales; en las que el termómetro no baja de los 25 °C, impidiendo el descanso y mermando la salud mental de la población.
Ante un panorama que invita al derrotismo, la parálisis no es una opción válida. Es evidente que las pequeñas acciones individuales, como reciclar plástico, cerrar el grifo, apagar luces o modificar hábitos de consumo y movilidad, son necesarias y éticamente responsables, pero ya no son suficientes para frenar el calentamiento global. Se requieren cambios estructurales en los sectores de la energía, el transporte y la industria. Estos cambios solo se logran a través de la política, la legislación y la inversión pública. Es aquí donde la ciudadanía debe reclamar y ejercer su papel protagonista.
El paso crucial es el tránsito de la mera conciencia a la exigencia política activa. Los gobiernos y las corporaciones no actúan si no es por presión. La ciudadanía dispone de herramientas democráticas que deben ser utilizadas con determinación. El activismo a través de Iniciativas Legislativas Populares (ILP) ha demostrado ser una vía jurídica potente para forzar a proteger el entorno, dotando incluso de personalidad jurídica a ecosistemas maltratados como el Mar Menor. Asimismo, a través de los presupuestos participativos se puede exigir financiación para climatización en los colegios, carriles bici seguros y una red de transporte público electrificado y accesible.
El cambio climático está rediseñando nuestras vidas. La incógnita es si continuaremos sumergidos en la parálisis de la inacción o utilizaremos nuestra fuerza como votantes y consumidores para obligar a las instituciones a legislar por un planeta habitable en el que las personas estén por encima de los intereses económicos. La protección del planeta no es una opción, es un imperativo legal, social y moral que debemos exigir en las leyes y ejercer en la calle.
El tercer sector de acción social (fundaciones, asociaciones) tiene una posición privilegiada para abordar la crisis climática. A diferencia de otros actores, tenemos el vínculo directo con la comunidad y la capacidad de conectar la macrocrisis ecológica con el impacto humano real. Para sensibilizar a la ciudadanía de manera efectiva, el enfoque debe pasar de la alerta catastrófica, que paraliza, a la acción comunitaria y política.
No hablemos solo de salvar el planeta, hablemos de mejorar la vida de las personas aquí y ahora. Si la ciudadanía percibe que la acción climática hace que su barrio sea más saludable y más cohesionado, se sumará sin dudarlo.
