Artículo aparecido el jueves 20 de julio en la sección «Una ventana al tercer sector» de La Verdad con la firma de Rosa Cano (presidenta de EAPN Región de Murcia), Juan Antonio Segura (director de CONVIVE Fundación C16epaim) y Pedro Martínez (presidente del CERMI Región de Murcia).
La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una de las tecnologías más transformadoras del siglo XXI. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, automatizar tareas y apoyar la toma de decisiones está modificando la forma en que operan empresas, administraciones públicas y organizaciones sin ánimo de lucro. En este contexto, el tercer sector de acción social tiene la oportunidad de aprovechar las ventajas de la IA para mejorar los procesos de inclusión social de las personas, optimizar procedimientos y aumentar el impacto de sus intervenciones.
La incorporación de estas tecnologías también plantea importantes retos relacionados con la ética, la privacidad, la transparencia y la inclusión digital. Desde este artículo nos proponemos analizar la relación entre IA, tercer sector y ciudadanía; identificando oportunidades, desafíos y recomendaciones para una implementación responsable que no deje a nadie atrás.
La aparición de la IA en la vida de las personas y en la gestión de las organizaciones ha generado un ecosistema de transformación y oportunidades para la innovación y la mejora continua, todo depende del enfoque. Es un cambio profundo que, más allá de lo tecnológico, está redefiniendo las relaciones, el marco del trabajo y los modelos de gestión. Una realidad de la que no pueden permanecer ajenas las organizaciones sociales en sus diferentes formatos jurídicos; porque somos empresas esenciales que gestionamos mayoritariamente recursos públicos, productos, servicios, y personas, eso sí, desde un modelo de economía no especulativa y lucrativa. Pero eso no nos exime de la responsabilidad de realizar una gestión eficaz y eficiente, que genere impacto, valor añadido y mayor bienestar a la sociedad, orientada a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Pero la inteligencia artificial no es neutra. Puede contribuir al incremento de las desigualdades, si no se acompaña de una política ética y responsable, centrada en las personas. Bien orientada, gestionada y contextualizada con una regulación adecuada, que permita democratizar el acceso a la información, al conocimiento y generando oportunidades, sobre todo, para los grupos más vulnerables.
Recordemos al Papa León XIV, quien en su encíclica ‘Magnifica Humanitas’ ha alertado que la inteligencia artificial no es neutral y que ningún algoritmo debe decidir el valor de una persona ni supeditar la dignidad humana al sesgo del dato. El pontífice también advierte sobre el riesgo de que estas herramientas queden concentradas en pocas manos o se utilicen como aceleradores de la exclusión social, bloqueando derechos esenciales como el empleo, la sanidad o la protección social. Para evitar que los desarrollos algorítmicos profundicen las brechas sociales existentes, es vital supeditar la tecnología a un orden social justo donde la máquina permanezca subordinada a las personas y al servicio del bien común.
El tercer sector de acción social no puede permanecer ajeno. No se trata solo de modernizar herramientas, sino de ‘repensar el papel de lo social’. En un tiempo de profundas transformaciones, se abre un escenario de oportunidad para mejorar la eficiencia organizativa del tercer sector, la calidad de sus servicios o la capacidad de dar nuevas respuestas ante las necesidades sociales.
Tenemos el reto de implantar la inteligencia artificial desde una perspectiva de justicia social, entendiéndola no sólo como una herramienta tecnológica, sino como un instrumento para reducir desigualdades, ampliar derechos y fortalecer la inclusión y la cohesión social. La clave es que la tecnología esté al servicio de las personas y contribuya a mejorar nuestras organizaciones; no siendo la brecha digital un factor más de exclusión de las personas en situación de vulnerabilidad.
Implantar la IA desde la justicia social significa usar la tecnología para fortalecer derechos, reducir desigualdades y aumentar la autonomía de las personas, manteniendo siempre la dignidad humana, la participación y la supervisión humana. El éxito no se mide sólo por la eficiencia tecnológica, sino por el impacto social positivo y equitativo que genera.
La inteligencia artificial será socialmente justa en la medida en que ayude a que nadie quede atrás, ampliando las capacidades de las personas y reforzando el compromiso ético del tercer sector con las políticas de inclusión y los derechos humanos.
Para lograrlo, hay que invertir en la formación en competencias digitales de nuestras plantillas; para que dispongan de suficientes habilidades para el uso de estas herramientas. Hay que diseñar acciones orientadas a reducir el impacto de la brecha digital en las personas destinatarias de las actuaciones de las entidades; factor que sigue aumentando, hasta alcanzar un mayor protagonismo como variable de vulnerabilidad añadida.
Es necesario diseñar e implementar un código ético de la gestión de la digitalización, que sea referencia y que comprometa a todos los actores sociales. Debemos reforzar el papel del tercer sector como actor innovador y colaborador imprescindible para el desarrollo de las políticas que tienen que ver con el modelo del estado de bienestar y el pilar social europeo. Demandar líneas de financiación específicas para las entidades, y desarrollar propuestas de digitalización basadas en criterios de gestión ética.
El futuro del sector está en combinar la innovación tecnológica con los valores propios de la acción social, solidaridad, participación, inclusión y defensa de los derechos humanos. La IA debe entenderse como una herramienta al servicio de las personas y del bien común, contribuyendo a construir organizaciones más eficaces, transparentes e innovadoras sin perder su dimensión humana.
Necesitamos una «IA con alma», como bien indica Nuria Oliver en su publicación ‘Inteligencia Artificial: ficción, realidad y…. sueños’, que no se limite a optimizar procesos, sino que contribuya a fortalecer el vínculo social, ampliar derechos y reducir desigualdades.
