En el Pacto contra la Pobreza y la Exclusión social, propuesto por EAPN-RM y firmado por los partidos políticos el 13 de mayo de 2015, se recogen una serie de compromisos para la Región de Murcia con el objetivo de situar la protección social como una parte esencial de la política económica, poniéndola al servicio del desarrollo social. Se pretende reducir las desigualdades existentes y garantizar los derechos sociales de modo efectivo, abordando los medios necesarios para erradicar las situaciones de pobreza y exclusión. Dentro del punto 3 referido a las medidas específicas de apoyo a la inserción social y laboral de los colectivos vulnerables, en el 3.3., se señala “Garantizar que todo hogar bajo el umbral de la pobreza estará libre de la Pobreza Energética, asegurando el acceso a los suministros básicos de agua, gas y electricidad.” Podemos considerar que la redacción de este punto queda en un objetivo deseable pero que es necesario desarrollarlo en medidas efectivas.
Para revisar el estado del cumplimiento de este punto y concretarlo todo lo posible, la Junta Directiva de la EAPN – RM se reunió con la Directora General de Familia y Política Social, Miriam Pérez, y la Directora General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, Laura Esther Sandoval, el pasado viernes 3 de noviembre.
Tras solicitar un informe jurídico que ayudase a dar claridad a este punto del Pacto, con un análisis de la legislación actual (europea, estatal y autonómica) y de las medidas que se están aplicando de manera efectiva, hemos optado por proponer una serie de medidas a corto y medio-largo plazo. Éstas son, presentadas de manera esquemática, las propuestas que se hicieron:
A corto plazo:
- Habilitar una partida presupuestaria a nivel regional suficiente para la lucha contra la pobreza energética que complemente y refuerce la establecida para el sector eléctrico a través del bono social.
- Firma de convenios con las compañías suministradoras y las compañías de referencia, así como con las que operan en el mercado libre para implementar la adecuada gestión de las ayudas públicas
- Que exista una comunicación fluida entre la CARM, Ayuntamientos y ONGs para la pronta identificación de los casos de riesgo de exclusión residencial y la consiguiente tramitación de las ayudas que procedan en cada caso. Que se demore o aplace la suspensión del suministro.
- Potenciar la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación de empresas de suministros donde se prime en forma de puntuación el hecho de tener suscritos los convenios mencionados anteriormente.
- Organización de unas jornadas de formación en materia de tramitación del bono social en su nuevo formato, funcionamiento de las suspensiones de suministro y posibles actuaciones al respecto para técnicos de las Administraciones Regional y Local, entidades sociales y compañías suministradoras.
A medio y largo plazo:
- Redacción de un Plan Regional de Acción para la Lucha contra la Pobreza Energética, como recomienda la Directiva 2009/72/CE, en su párrafo 53, que permita conocer la realidad de la pobreza energética en la Región y poder fijar, así, partidas presupuestarias adecuadas y suficientes para afrontar con garantías el abono de las ayudas a los grupos familiares que lo precisen.
- Desarrollo reglamentario de la Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores, que defina el concepto de pobreza energética, más allá de los ingresos, teniendo en cuenta la calidad de las viviendas, así como las condiciones de habitabilidad y las condiciones climáticas de nuestra zona.
- Creación de un órgano mixto en el que participe la Administración, la sociedad civil y las empresas suministradoras, para el seguimiento de los convenios que pudieran firmarse y detectar disfunciones y mejoras en el sistema.
Con estas propuestas, consideramos que lo que en el Pacto de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión estaba redactado como un objetivo general, se convierte en medidas concretas que, puestas en marcha, serían de utilidad para combatir la Pobreza Energética.
