Intervención de Juan Antonio Segura (director general de Fundación Cepaim, comisionado de Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector y miembro de la Comisión Permanente de EAPN-ES) en la jornada «La investigación como herramienta de transformación y avance social«.
Nos encontramos ante una realidad incuestionable, la existencia de un modelo de políticas sociales fragmentadas, sectorializadas y descoordinadas entre si. Una fragmentación y descoordinación que afecta a todos los agentes que intervienen en las diferentes fases que podemos identificar en la acción social. Hablamos de los diferentes niveles de la administración pública, las universidades, las organizaciones sociales del tercer sector de acción social, los gabinetes especializados en evaluación de políticas públicas y otros actores sociales.
Si pensamos en un proceso de intervención sobre uno o varios retos sociales, con una base territorial determinada, con un objetivo de transformación social podríamos estructurarlo en las siguientes fases:
– Determinación del reto social, la situación concreta o territorio sobre el que queremos investigar para transformar.
– Diseño y realización de la investigación.
– Presentación de resultados y conclusiones de la investigación realizada. – Definición de las propuestas para la acción formuladas por los investigadores. – Planificación de la intervención en base al conocimiento adquirido. – Desarrollo e implementación de la intervención planificada.
– Seguimiento de la intervención.
– Evaluación de la intervención.
Sin olvidar que la evaluación no deja de ser otra investigación que analiza los resultados de la acción emprendida, el impacto producido en las personas y en el territorio de intervención, aportando información sobre los cambios producidos e informando sobre los resultados esperados no logrados y los factores que los han dificultado. De tal forma que se proponen cambios en la planificación y en la intervención para reajustarla y poder continuar con el proceso de intervención, seguimiento y evaluación.
En la realidad estas fases de la acción social que debieran conformar un proceso dinámico e integral se encuentran muy fragmentadas y descoordinadas entre sí.
Diagnóstico, planificación, implementación, seguimiento, evaluación, revisión del diagnóstico, revisión de la planificación y nueva intervención se encuentran depositadas en diferentes agentes, sin contar con un marco de coordinación vertical entre actores sociales diferentes y a veces tampoco horizontal, dentro de un mismo actor social.
En los diferentes ámbitos y niveles nos encontramos con importantes desajustes. En demasiadas ocasiones se investiga sin que esta sea útil y necesaria para la planificación, existiendo mucha más investigación pura que aplicada. Se planifica la acción social sin contar con suficiente información empírica sobre el objeto de la intervención. Se interviene aisladamente sin formar parte de una planificación y desde diagnósticos propios y no compartidos.
El diagnostico basado en la investigación se suele ubicar bajo la responsabilidad de la academia, la planificación bajo la responsabilidad de las administraciones públicas, la implementación bajo el liderazgo del tercer sector de acción social, el seguimiento y la evaluación se tiende a depositar en consultoras externas, en la propia academia o en las mismas entidades que implementar la acción. Las Administraciones públicas están más centradas en el control económico de las subvenciones que en la evaluación de resultados de las políticas públicas.
Si analizamos el rol de cada uno de los actores sociales identificados, nos encontramos con una academia que vive la descoordinación en su propia esencia, podríamos decir que la sociedad tiene grandes retos globales y la universidad departamentos fragmentados en compartimentos de conocimiento, no suficientemente coordinados. Una universidad que prima la denominada investigación pura sobre la aplicada. Hablamos de investigación pura cuanto el investigador o investigadores se plantean incrementar el conocimiento acumulado sobre un tema o asunto en concreto, aunque este tipo de investigación pueda llegar a ser útil para la resolución de un reto social, no es este el objetivo que se plantea. Por el contrario, la investigación aplicada se plantea acumular conocimiento sobre un reto social haciendo propuestas concretas para su abordaje, mejora, transformación o resolución.
¿La pregunta que nos debemos hacer es si la academia debe analizar la realidad social para conocerla o para cambiarla?
En respuesta a este interrogante, desde la propia academia nos encontramos con posiciones que sostienen que la persona o equipo investigador debe permanecer siempre en una posición distante con el objeto de estudio, como si fuera posible aislar en un aséptico laboratorio a un grupo humano, una realidad social o un territorio en similares condiciones que lo hacemos con las bacterias o los micro organismos. Indudablemente es imprescindible mantener una distancia epistemológica con el objeto de estudio, pero si queremos que la investigación sea aplicada sirviendo de base para la planificación e implementación se requiere ir más allá de la simple descripción de la realidad, para formular propuestas para la acción que indudablemente van a requerir de una toma de posición por parte del investigador, de un poco de subjetividad, de compromiso e implicación.
La segunda pregunta que nos podemos hacer es si ¿desde la academia se investiga en beneficio propio o de la sociedad?
Una parte de la respuesta la podemos encontrar en algunas noticias aparecidas recientemente en medios de comunicación: “las revistas académicas de acceso abierto cobraron 50 millones de euros a sus autores españoles entre 2017 y 2019” ¿Por qué se ve obligado el profesorado universitario español a pagar para poder ver publicados artículos referidos a las conclusiones de sus líneas de investigación? .
La realidad es que una parte de la comunidad científica está obsesionada con publicar artículos de investigación para que el resto de sus colegas reconozcan su trabajo, lo valoren y lo citen, de forma que les sirva de base para reforzar su propio currículo como instrumento de promoción y consolidación en la carrera profesional dentro de la Universidad. “Si no se publica, no hay currículum y no hay proyectos; sin proyectos no se puede investigar. Se convierte en un círculo vicioso”, advierten las personas expertas.
Si analizamos como actor principal a las administraciones públicas, nos vamos a encontrar con que estas, como responsables de la planificación de las políticas sociales se encuentran inmersas en una guerra de competencias entre el Estado, las CCAA y los ayuntamientos, con una profunda descoordinación entre los diferentes niveles de la Administración pública y a nivel interno con una organización igualmente fragmentada por ministerios, consejerías y concejalías insuficientemente coordinadas entre sí.
Una Administración Pública que gestiona más que planifica, viviendo en demasiadas ocasiones bajo la presión de la inmediatez, la urgencia de las respuestas y el cortoplacismo de los procesos electorales que les obliga a poner en marcha muchas políticas, medidas o simples actuaciones concretas que no responden a una estrategia a medio y largo plazo, ausentes de un diagnóstico previo, poco reflexionadas, escasamente compartidas con otros actores sociales desde los principios de la gobernanza democrática y con un funcionariado muy profesional, pero más entretenido en la gestión de las subvenciones que inmersos en la fundamental tarea de la planificación estratégica a medio y largo plazo.
A menudo esto sucede porque vivimos en una sociedad liquida en la que todo es inmediatez, todo es transitorio, parafraseando a Bauman “ la Sociedad moderna líquida es aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en una rutina determinadas” (Bauman, Vida líquida, pág. 9). Desde que se desencadenó la posmodernidad espoleada por la globalización y un desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información resulta habitual que surjan graves retos sociales que obligan a las administraciones a dar una respuesta política inmediata, de urgencia. Hoy las decisiones políticas están más determinadas por la presión de las redes sociales que por la reflexión y los diagnósticos objetivos bien elaborados.
Una administración que llevada por la presión de los colectivos impulsa políticas sectoriales de bajo impacto, obviando el territorio y la planificación territorial. Una administración pública centrada en su rol normativo y prestador de servicios, pero que ha olvidado su rol relacional, la capacidad de identificar los diferentes actores presentes en el territorio para ponerlos en relación, construyendo marcos de alianzas y relaciones estables, como base para la acción y su rol de actor responsable de la planificación estratégica. Una administración pública que tiende más a incrementar sus prestaciones en el ámbito asistencial, desapareciendo progresivamente el ámbito comunitario, más promocional y más preventivo. Un rol asistencial que es más visible en tiempos de crisis como el que vivimos en la actualidad y más rentable electoralmente.
Si analizamos el posicionamiento del tercer sector de acción social, debemos ser igualmente críticos, vemos que se encuentra más centrado en la intervención directa sobre los retos sociales de las personas y los territorios, contando con una escasa participación en los diagnósticos, en la planificación estratégica de las políticas y en su evaluación; interviniendo en muchas ocasiones de forma aislada, sectorializada y en base a proyectos escasamente coordinados entre ellos mismos en el marco de la propia organización y entre las diferentes entidades sociales que pueden estar interviniendo sobre un mismo colectivo, una misma necesidad social o territorio, sin comunicación entre ellas, sin suficiente cooperación y pudiendo incluso solapar sus actividades, con la consiguiente pérdida de efectividad transformadora de sus actuaciones. Un tercer sector que mantiene insuficientes espacios de relación, coordinación y alianzas con la academia y otros actores sociales.
Nos debemos preguntar ¿Quién investiga? ¿para qué se investiga? ¿por qué se investiga? ¿Quién o quienes impulsan las investigaciones? ¿Cuántas investigaciones aplicadas se realizan?
En las respuestas que formulemos a estas preguntas debemos tener igualmente en consideración si se investiga en beneficio propio, de la administración o institución que encarga la investigación o de la sociedad, si se investiga para la ciudadanía o con la ciudadanía.
¿Cuál es el nuevo camino a recorrer juntos?
Esta radiografía nos habla con claridad de la urgencia de dotarnos de una nueva gobernanza de las políticas sociales, en donde se garantice la participación e implicación de todos los actores en las diferentes fases de la acción social. Necesitamos construir procesos de intervención integral que tomen como centro de la acción social al territorio en su globalidad y no al colectivo de intervención.
Desde el punto de vista de las organizaciones sociales debemos apostar por la articulación de procesos de intervención a nivel comunitario, en los cuales la investigación se centre en la elaboración de diagnósticos comunitarios, aquellos que se realizan con la implicación y participación de la propia comunidad a través de los diferentes actores que la integran. Se trata de intentar entre todos los agentes de la comunidad identificar las prioridades y necesidades de un territorio, proponiendo formas y acciones para su abordaje. No se trata, por tanto, de un diagnóstico realizado solo por los profesionales de la investigación, sino con la participación y el conocimiento generado por la propia ciudadanía del territorio, contando con la implicación de los tres protagonistas de los procesos comunitarios, la administración, los profesionales de la acción social y la ciudadanía.
Desde esta mirada las organizaciones sociales debemos apostar por los procesos de innovación social, por impulsar la generación de conocimiento compartido desde la investigación, el desarrollo y la innovación, de tal forma que identifiquemos nuevas metodologías, nuevas estrategias de intervención sobre los grandes retos de la sociedad, como la pobreza y la exclusión social con los que obtengamos mejores resultados.
Debemos profundizar en el desarrollo de experiencias comunitarias basadas en los principios de la IAP (Investigación Acción Participativa) que se alimenta en sus mejores prácticas de las experiencias comunitarias de América Latina en base a las teorías de Paulo Freire, Ezequier Ander Egg, Orlando Fals Borda… “La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone combinar y acumular selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de las gentes comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, especialmente los del campo que están más atrasados. (Fals Borda: 1987:5)”.
Proponemos la transferencia a las políticas públicas de experiencias comunitarias basadas en la generación de conocimiento compartido por la comunidad, como las experimentadas a través del programa de intervención comunitaria intercultural ICI, promovido por la Obra Social la Caixa, que ha sabido integrar los principios de acción comunitaria, del desarrollo territorial de Marco Marchioni, con los de la mediación y la convivencia intercultural de Carlos Jiménez. Programa en el que ha participado Fundación Cepaim con dos procesos de intervención, uno en la ciudad de Cartagena y un segundo en Bañolas (Cataluña).
¿Es válida la investigación social como herramienta de transformación social?.
La validez o no de la investigación social como herramienta de transformación social no puede responderse desde la propia óptica de la investigación, que sólo está obligada al uso correcto de las técnicas y métodos de investigación para dar respuesta a las hipótesis planteadas, sean estas lideradas por la academia, la administración pública, el tercer sector de acción social o las empresas. Tal pregunta debe responderse desde la acción política. Centrándonos en la investigación aplicada, es decir, aquella que pretende no sólo conocer la realidad sino incidir en ella para transformarla, la capacidad de incidencia no le corresponde a los equipos de investigación, estos deben no solo describir la realidad, sino hacer propuestas para la acción, pero la legitimidad, la responsabilidad pública y la capacidad de movilizar los recursos necesarios que permitan la intervención transformadora, corresponde al nivel político. Y aquí es donde encontramos el problema.
Pongamos el ejemplo de una realidad social lacerante que afecta a la sociedad española en su conjunto y a los derechos humanos, como es la existencia de asentamientos informales en zonas rurales y urbanas de la geografía española, en donde malviven de forma inhumana personas generalmente de origen inmigrante, muchas de ellas sin documentación. Según las investigaciones realizadas por la propia Fundación Cepaim, en estas condiciones malviven más de 15.000 personas en Andalucía, Región de Murcia, Valencia y Cataluña, sin contar aquí otras formas de sinhogarismo que afectan a otras muchas personas.
Esta realidad de los asentamientos ha sido objeto de múltiples investigaciones impulsadas tanto desde la academia, como las administraciones públicas y las propias organizaciones sociales del tercer sector. Investigaciones que han descrito el fenómeno, lo han dimensionado, han dibujado el mapa de los asentamientos, han indagado en las causas y las consecuencias. En algunos casos se han propuesto soluciones y se han realizado acciones de sensibilización social. Sin embargo desde una perspectiva operativa, tales investigaciones no han servido para nada, pues la realidad apenas se ha modificado en los últimos 20 años.
La realidad es que las intervenciones realizadas desde las organizaciones sociales y otros actores a través de diversos proyectos escasamente coordinados entre sí, se han limitado a abordar la emergencia, la distribución de alimentos, ropa, agua, productos de higiene, información, acompañamiento, etc. Sin embargo, ninguna administración ha liderado el diseño e implementación de una estrategia integral que partiendo de los diagnósticos realizados se proponga un proceso de intervención que permita la creación de alternativas habitaciones en diferentes fases que permitan erradicar esta lacra y esta vergüenza, al abrigo del objetivo 11 de los ODS.
Obviamente, sin la voluntad política y los recursos públicos necesarios para su erradicación tales investigaciones podrían considerarse papel mojado. No lo son porque en base a ese conocimiento las propias organizaciones sociales construyen su intervención y porque el conocimiento que otorgan sirve para la sensibilización social y la incidencia política. Es pues uno de los mecanismos con los que cuenta la sociedad civil para marcar prioridades y forzar a la intervención de los poderes públicos. Sin voluntad política la investigación social cumple su cometido de conocer la realidad, pero no de transformarla.
Para transformarla se requieren los otros pasos del proceso apuntado más arriba: la planificación estratégica, la implementación, el seguimiento y la evaluación, considerando esta última también como investigación social. Sin la evaluación de los resultados de la acción, la intervención social se convierte en un instrumento ciego y sordo, que no nos orienta sobre la eficacia y efectividad de los mecanismos implementados para provocar el cambio deseado.
De lo que se trata, pues, no es sólo de asociar la investigación a la acción, como paso previo a la misma, sino de incentivar la cultura de la evaluación de las políticas públicas, como paso posterior que analiza los resultados de la acción promoviendo modificaciones y nuevos objetivos para la acción. Una cultura de la evaluación de impacto que no esta suficientemente arraigada, ni en las administraciones públicas, ni en las propias organizaciones sociales.
Sin esa vinculación entre investigación-acción-participación- evaluación, cualquier conocimiento de la realidad social se convierte en un mero ejercicio intelectual sin repercusiones efectivas sobre el objeto de estudio. Por más que analicemos las condiciones de vida de las personas que viven en los asentamientos, sin una voluntad política de resolver tal problema social, sin la planificación subsecuente, la dotación de recursos, la activación coordinada de los diversos agentes implicados, la implementación de las acciones previstas, no se producirá ningún cambio sustancial en dichas condiciones de vida. Y sin el seguimiento y evaluación no contaremos con la información necesaria para conocer la eficacia y efectividad de la intervención realizada.
Dada la reticencia de los poderes públicos a afrontar determinados retos sociales, no desde la emergencia y el asistencialismo, sino desde la planificación estratégica, no podemos descartar el papel de la investigación social como base para el conocimiento de la realidad, la sensibilización social, la identificación de buenas prácticas, la transferencia y la incidencia política. Se trata pues de un instrumento necesario, pero no suficiente, y todo esfuerzo investigador que pretenda incidir sobre la realidad debería plantearse desde esa perspectiva, contemplando la difusión de sus resultados y la necesaria presión sobre los poderes públicos para poner los medios que tiendan a la resolución del problema investigado.
Recordando el espíritu y las ideas de mi amigo Marco Marchioni, tristemente fallecido en 2020, seamos capaces de crear espacios de relación improbables entre los diversos actores de un territorio y encontraremos soluciones improbables que solo podremos aplicar juntos, en alianza de actores. Si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados.
Puedes ver el vídeo completo de la jornada y leer algunas de las otras intervenciones en la página de la jornada.
