REAS Murcia, UCOMUR, CERMI, FEACEM y EAPN Región de Murcia presentan sus propuestas y alegaciones a la Instrucción sobre Cláusulas Sociales y Ambientales del Ayuntamiento de Murcia y defienden que sean el bien común y el bienestar de las personas y su entorno las claves para una contratación pública responsable social y ambientalmente.
Las entidades se han mostrado satisfechas por la Instrucción sobre Cláusulas Sociales y Ambientales promovida por el Ayuntamiento de Murcia y han agradecido el compromiso del gobierno, de los grupos políticos y del Servicio de Contratación.
En el pasado mes de abril, como prueba de la colaboración con esta iniciativa algunas de estas entidades, entre ellas EAPN Región de Murcia y REAS Murcia, presentaron alegaciones en las que se proponía, entre otras, la creación de una mesa integrada por todos los agentes implicados para dar seguimiento a la contratación para garantizar la inclusión de las cláusulas sociales, establecer el porcentaje de reserva de mercado, favorecer empresas que hayan realizado contrataciones de personas en riesgo de exclusión social y productos de comercio justo.
Las entidades reunidas en el Edificio Moneo han recordado que el nuevo paradigma de la contratación pública dictado por la directiva europea 2014/24 ofrece nuevas oportunidades para las iniciativas de la economía social y solidaria y el tercer sector de acceso a la contratación pública. De esta manera, se podrán establecer relaciones con la administración basadas en la reciprocidad y la equidad y favorecer la creación de puestos de empleo duradero y de calidad.
Los representantes de las cuatro entidades coinciden que se trata de una oportunidad a aprovechar y por ello hay que intentar buscar el mayor consenso posible entre los distintos agentes para revertir los procesos de contratación pública para que finalmente sean en beneficio del bien común y se garanticen unos servicios de mejor calidad y de cercanía, basados en el trabajo digno, el respecto social y medioambiental. Es una iniciativa a coste cero para la administración pero con grandes beneficios para la ciudadanía y el entorno.
En cuanto al impacto económico y social de las cláusulas sociales, Miguel Crespo presidente de REAS Murcia, ha recordado que “la contratación pública genera alrededor del 17% del PIB nacional. Esta capacidad de inversión se convierte en una oportunidad para impulsar una actividad económica responsable y favorecer la contratación de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y empresas de inserción laboral. La administración es responsable de promover una economía ejemplar para todo el tejido económico local “.
Por su parte Juan Antonio Pedreño, presidente de UCOMUR y CEPES, ha destacado que “toda la administración pronto deberá asumir la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que se encuentra en fase de aprobación, y en consecuencia incluir las cláusulas sociales y medioambientales en toda la contratación. Para ello la administración tiene que ver las cláusulas sociales como una oportunidad de garantizar la igualdad entre empresas y mejorar el bienestar de las personas”.
La instrucción, a parte de la inclusión de las cláusulas sociales, introduce la reserva de mercado como mejora. Según Pedro Martínez, del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (CERMI) y de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) “la reserva de mercado consiste en la obligación de reservar contratos para que solo puedan acudir a las licitaciones Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción o Cooperativas de iniciativa social y por tanto tener la oportunidad de seguir dando empleo a las personas con discapacidad en la Región Murcia. Creemos que la Instrucción puede tener un efecto multiplicador para que todos los Ayuntamientos de la Región repliquen esta fórmula”.
Para Diego Cruzado, presidente de EAPN Región de Murcia, “la inclusión de criterios sociales y ambientales debe impregnar de forma transversal toda la contratación pública, en la erradicación de la pobreza es fundamental el empleo, así como favorecer a empresas que hayan realizado contrataciones de personas en riesgo de exclusión social, tal como proponemos en el punto uno de nuestras alegaciones”.
