Artículo aparecido el jueves 24 de septiembre en la sección «Una ventana al tercer sector» de La Verdad con la firma de Rosa Cano (presidenta de EAPN Región de Murcia), Juan Antonio Segura (director de CONVIVE Fundación Cepaim) y Pedro Martínez (presidente del CERMI Región de Murcia).
Hoy les hablamos desde Ceuta, una ciudad que estos días vive varias realidades paralelas. En buena parte de sus calles, la vida cotidiana continúa con normalidad; comercios abiertos, familias que mantienen sus rutinas, actividad en los barrios y una ciudadanía que intenta conservar el pulso habitual de la ciudad. En otros puntos, sin embargo, la realidad es muy distinta: personas en situación de calle, concentraciones en determinados espacios y servicios sometidos a una presión extraordinaria.
Estas realidades conviven en apenas 19 kilómetros cuadrados y comprenderlo resulta imprescindible para entender la dimensión del desafío que afronta Ceuta, una de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Esta crisis no puede gestionarse desde la soledad de una ciudad, desde la confrontación institucional, ni desde los intereses electorales de partido. Es tiempo de una mirada de Estado, de responsabilidad compartida y de coordinación entre administraciones. Hay que actuar con celeridad, pero también con serenidad, diálogo y responsabilidad, que significa cuidar nuestras palabras y nuestras actuaciones.
Desde Ceuta queremos expresar una condena absoluta e inequívoca de cualquier forma de violencia, venga de donde venga. Rechazamos el señalamiento, la intimidación o la deslegitimación indiscriminada de las organizaciones sociales y de las personas que trabajan en ellas. Las ONG, sus profesionales y su voluntariado cumplen una función esencial atendiendo a personas en situación de vulnerabilidad. Pueden ser objeto de crítica, análisis o discrepancia, lo que nunca puede normalizarse es convertirlas en objetivo de hostilidad, intimidación o violencia.
No es responsable propiciar, mediante declaraciones o actuaciones, el miedo, el odio o la violencia. Quienes ejercemos alguna responsabilidad política, institucional, social o comunicativa debemos ser conscientes de que las palabras tienen consecuencias. Rebajar la crispación no significa ocultar los problemas, significa afrontarlos sin deshumanizar al otro.
Cuando los intereses electorales de los partidos se sitúan por delante de la responsabilidad institucional, corremos el riesgo de olvidar lo más importante, que son las personas. Las personas migrantes necesitan una respuesta digna, ordenada y respetuosa con los derechos humanos. Pero también los ceutíes tienen derecho a que sus preocupaciones, su seguridad, sus servicios públicos y su convivencia sean atendidos con seriedad.
No deberíamos obligarnos a elegir entre unos y otros. Convertir esta realidad en munición electoral no resuelve ningún problema y termina perjudicando a todos. Es por ello que queremos trasladar un mensaje claro a la ciudadanía ceutí: los campamentos y dispositivos temporales de acogida no son el problema, forman parte de la solución.
Son espacios desde los que se puede identificar y filiar adecuadamente a las personas, conocer su situación, garantizar una atención humanitaria básica y ordenar la intervención de las administraciones y de las entidades sociales. Permiten ofrecer alojamiento, alimentación, higiene, atención sanitaria e información, pero también avanzar en los procedimientos administrativos que correspondan, garantizando el cumplimiento de la legalidad.
Explicar bien la función de estos dispositivos es también una cuestión de responsabilidad pública. Un recurso de acogida correctamente dimensionado, dotado y coordinado no significa perpetuar una situación excepcional, ni renunciar a otras soluciones. Significa disponer de un espacio ordenado desde el que atender, identificar, proteger y aplicar la ley con garantías.
La ciudadanía ceutí tiene derecho a exigir que estos recursos funcionen adecuadamente, que no se improvisen, que cuenten con personal y medios suficientes y que formen parte de una estrategia más amplia de traslados a península o devoluciones a países de origen; garantizando protección, acogida y corresponsabilidad territorial.
Pero hay una prioridad inaplazable, los menores no acompañados. No es responsable que, transcurrido este tiempo, sigan sin materializarse los traslados necesarios a la Península en aplicación de la legislación vigente, para aliviar una situación que supera la capacidad ordinaria de Ceuta. Las discrepancias administrativas, competenciales o políticas no pueden seguir retrasando decisiones que afectan directamente a menores. Por encima de quién debe firmar primero, de qué administración sostiene una interpretación u otra o de qué actor pretende atribuir la responsabilidad al contrario, están los menores. No aplicar la ley en este ámbito es una irresponsabilidad inadmisible por parte del Gobierno de Ceuta y del resto de comunidades autónomas.
Del mismo modo, la respuesta a las personas adultas debe garantizar condiciones humanitarias básicas, acceso a información fiable y la posibilidad de acudir a los procedimientos administrativos y de protección internacional previstos legalmente. La solución requiere cooperación leal entre el Gobierno de España, la ciudad autónoma, las comunidades, las instituciones europeas y las organizaciones sociales.
Ceuta nos recuerda estos días algo que trasciende sus 19 kilómetros cuadrados: las crisis complejas no se resuelven buscando quién obtiene ventaja política de ellas. Se resuelven compartiendo responsabilidades, sin desinformación y sin generación de miedo. Lo que significa sustituir el conflicto institucional por cooperación; la búsqueda permanente de culpables por soluciones; las declaraciones por actuaciones; y el miedo, el odio y el señalamiento por serenidad, información veraz, diálogo y responsabilidad. Siendo conscientes de que hay un límite que nunca debemos traspasar: ninguna dificultad política, social o migratoria puede justificar el odio, la violencia o la deshumanización.
Ceuta necesita respuestas. Los menores necesitan protección. La ciudadanía necesita soluciones. Y las instituciones tienen la obligación de encontrarlas juntas desde la responsabilidad compartida.
