Artículo aparecido el jueves 22 de octubre en la sección «Una ventana al tercer sector» de La Verdad con la firma de Rosa Cano (presidenta de EAPN Región de Murcia), Juan Antonio Segura (director de CONVIVE Fundación Cepaim) y Pedro Martínez (presidente del CERMI Región de Murcia).
El pasado 17 de octubre se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Hay fechas para celebrar y otras para recordar públicamente aquello que no podemos aceptar. En la Región de Murcia, donde más de medio millón de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social, esta jornada exige memoria, compromiso y acción.
Desde la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia quisimos contribuir a ello. El 15 de octubre presentamos el informe sobre el estado de la pobreza, elaborado por EAPN España a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, y convocamos una concentración a la que acudieron alrededor de 400 personas para reclamar que la pobreza deje de formar parte del paisaje cotidiano.
Los datos resultan abrumadores. Somos la tercera comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión social y la primera en pobreza infantil. Casi 135.000 niñas, niños y adolescentes viven en esta situación. No hablamos únicamente de carencias presentes, hablamos también de oportunidades perdidas y de una desigualdad que amenaza con transmitirse entre generaciones.
Si en pobreza infantil ocupamos el primer lugar, en renta estamos en el último. La renta media por persona es la más baja del Estado y el poder adquisitivo no ha recuperado, en términos reales, el nivel de 2008. Los salarios han aumentado, pero ese incremento no compensa el encarecimiento de necesidades esenciales como la vivienda, la alimentación o la energía. Así se explica que más de la mitad de nuestras vecinas y vecinos tengan dificultades para llegar a fin de mes.
La pobreza tiene múltiples causas. Queremos detenernos en dos que afectan directamente a la posibilidad de construir una vida digna: el empleo y la vivienda.
El empleo es un derecho y una herramienta fundamental para prevenir la exclusión. Sin embargo, trabajar ya no garantiza salir de la pobreza. En nuestra región, dos de cada diez personas con empleo siguen siendo pobres. La brecha salarial entre mujeres y hombres, las jornadas parciales impuestas, la temporalidad y unos salarios un 10 % inferiores a los del conjunto del país ayudan a explicar esta realidad.
El trabajo precario no protege suficientemente. Necesitamos empleo con derechos, remuneraciones adecuadas y estabilidad, que permita atender las necesidades cotidianas y afrontar el futuro sin incertidumbre permanente. Tener trabajo debería abrir la puerta a la autonomía, no obligar a elegir entre pagar el alquiler, llenar la nevera o encender la calefacción.
La vivienda se ha convertido en otro gran factor generador de pobreza, alcanzando a una parte creciente de la población. Las dificultades para afrontar sus gastos afectan al 14,5 % de la población regional, por encima de la media estatal y del dato del año anterior.
Unos 41.000 hogares, alrededor de 103.000 personas, viven en situación de vivienda insegura. Son personas que conviven con el miedo a perder su casa y, con ella, la estabilidad desde la que sostienen sus vidas. La vivienda debe ser un derecho efectivo, situado por encima de intereses particulares, partidistas o de mercado.
Detrás de cada cifra hay personas que hacen esfuerzos diarios para salir adelante. Familias que toman decisiones difíciles, que trabajan sin descanso y que aplazan necesidades porque los ingresos no alcanzan. Ninguna estadística explica por completo lo que significa vivir haciendo cuentas, renunciando y temiendo el siguiente imprevisto.
A menudo intentamos poner rostro a la pobreza: mujeres, personas con discapacidad, familias con hijos e hijas, personas que pagan un alquiler, que trabajan o que cobran una pensión. Pero esos rostros nos devuelven una imagen que cuesta asumir: la pobreza tiene, en nuestra región, un rostro de normalidad. Es el de nuestras amistades, nuestros familiares y quienes viven en nuestra misma calle.
Precisamente por eso nos concentramos decenas de organizaciones sociales, con el respaldo de UGT y CCOO, compartimos una exigencia: que la pobreza deje de ser normal. Que no aceptemos como inevitable que tantas personas carezcan de lo necesario para vivir con dignidad.
El manifiesto de la concentración terminó con un doble llamamiento. El primero, a la ciudadanía, para defender todos los derechos. Porque combatir la pobreza requiere solidaridad y empatía, pero es también una cuestión de derechos y de democracia. Hablamos de educación pública, gratuita y de calidad; de un empleo que permita salir de la pobreza; de vivienda digna; y de garantizar el interés superior de la infancia, con independencia del origen o las circunstancias de cada persona.
El segundo llamamiento se dirigió a las administraciones públicas: escuchar a la ciudadanía y desarrollar políticas que reduzcan la pobreza, garanticen la igualdad de derechos y sitúen el bien común en el centro de las decisiones. Las cifras deben orientar prioridades, presupuestos y medidas capaces de transformar las condiciones que producen exclusión.
Se están haciendo esfuerzos, pero los datos muestran que necesitamos más. También necesitamos continuidad, coordinación y voluntad para evaluar qué funciona y corregir lo que no alcanza a quienes más lo necesitan. Las entidades del tercer sector de acción social estaremos siempre dispuestas a contribuir a esa tarea compartida. Conocemos las dificultades, acompañamos a quienes las sufren y sabemos que ninguna persona debería acostumbrarse a vivir sin derechos. Una región que normaliza la pobreza termina debilitando la convivencia y su futuro. La pobreza puede tener hoy un rostro cercano y cotidiano. Nuestro compromiso es que nunca llegue a parecernos aceptable.
