Este artículo se publicó originalmente en la sección Una venta al tercer sector del periódico La Verdad el día 26 de junio de 2025 y se puede ver aquí. Cuenta con las formas de Pedro Martínez (presidente del CERMI Región de Murcia), de Juan Antonio Segura (director general de Convive Fundación Cepaim) y de Rosa Cano (directora de Columbares y presidenta de EAPN Región de Murcia).
Está previsto que el próximo mes de julio se aprueben los presupuestos regionales de 2025 en la Asamblea Regional. Se han presentado como los presupuestos más elevados de la historia con un total de 6.725,8 millones de euros. Se han calificado como unas cuentas sociales anunciando que el 80% de esa cifra total se destina a sanidad, educación y políticas sociales. A pesar de los titulares, podríamos entrar en detalle y señalar cómo, por ejemplo, la partida destinada a la Renta Básica de Inserción (RBI) baja de los 12 millones de euros de 2024 a los 7 millones de 2025. Podría argumentarse que la más que notable bajada se debe a la presencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero el esfuerzo debería dirigirse en el sentido contrario, esto es, en encontrar la manera de coordinar la prestación autonómica (RBI) con la estatal (IMV), asegurando que la población en riesgo de pobreza y exclusión social de la Región de Murcia (más de medio millón de personas, con una de las tasas más elevada de España) pudieran contar con unos ingresos suficientes.
Desde el tercer sector de acción social en la Región de Murcia se ha mostrado preocupación, no por estas cantidades y porcentajes, sino por el posible impacto negativo de algunos de los puntos del acuerdo que va a posibilitar la aprobación de los presupuestos. Lo que más nos preocupa a los firmantes de esta columna de opinión es que el acuerdo contiene algunas medidas que pueden entrar en conflicto entre el marco competencial autonómico y el estatal, así como con tratados internacionales que han sido suscritos por España, exponiéndose el Gobierno de la Región de Murcia a posibles demandas por parte del Gobierno de España, el Defensor del Pueblo, la Comisión Europea o por organizaciones sociales, sindicales y empresariales. Mostramos nuestra profunda preocupación, dado que algunas medidas pueden suponer un retroceso en políticas sociales y medio ambientales.
Identificamos riesgos legales importantes al menos en dos o más ámbitos: la protección de los menores inmigrantes y la revisión a la baja de la Ley del Mar Menor. El acuerdo contempla la negativa a acoger menores en situación de desamparo procedentes de Canarias, algo inviable de aplicar dado que la Comunidad autónoma tiene la obligación legal de cumplir con lo establecido en el real decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, en base al cual esta comunidad, como el resto, debe dar acogida a los menores asignados. De igual forma el cierre de un centro de menores tutelados, como el de Santa Cruz, no elimina la obligación de la tutela en aplicación de la legislación vigente, por lo que, si se cierra un centro, se deben abrir otros, reubicando a los menores.
El acuerdo para impartir lengua y cultura árabe en los centros educativos públicos y concertados de la Región de Murcia ha sido suscrito entre el Reino de España y el de Marruecos, permitiendo también al Instituto Cervantes la difusión de la cultura y la lengua española en centros educativos de Marruecos. Un acuerdo presupuestario a nivel autonómico no puede ir contra un acuerdo entre Marruecos y España que data de 1985, excediendo su marco competencial.
Tener miedo a la cultura y a los idiomas que no sean el propio a dónde nos encamina? Las culturas y los idiomas hacen nuestro mundo más diverso y rico culturalmente, acobardarse ante ellos hacen nuestro mundo pequeño e inhóspito. ¿Cómo podemos temerle a la lengua y a la cultura árabe, cuando es el origen de nuestra cultura y de muchas palabras de nuestra lengua, como Algezares, Alberca, acequia, alcachofa y tantas otras? ¿Acabará nuestro tenista más ilustre proscrito en los centros educativos de la Región porque su apellido tiene, como tantos otros, origen árabe?
No olvidemos que medidas que puedan impedir la existencia de programas educativos que promuevan la igualdad, la diversidad o la educación afectivo-sexual, podrán estar violando el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución.
La eliminación de subvenciones a organizaciones sociales que desarrollan su labor con personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad puede ser considerada inconstitucional por vulnerar la libertad de acción social de las entidades y la protección a los colectivos más vulnerables, propiciando una discriminación indirecta por no atención a seres humanos en base a su situación administrativa irregular, que no ilegal, en España.
En dicho acuerdo, se califica a algunas personas de ilegales y se emplean términos como ‘efecto llamada’ dando respaldo a un marco conceptual xenófobo que debemos rechazar de pleno. De la misma manera, hablar de efecto llamada es obviar la verdadera razón por la que se emprende un proceso migratorio: el efecto salida. Es decir, las condiciones de violencia y pobreza extrema de los países desde los que se emigra.
Revisar para su modificación la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor, puede ser objeto de un conflicto legal a nivel europeo, no olvidemos que España está bajo procedimiento de infracción por parte de la UE, por lo que cualquier intento de rebajar los estándares ambientales podría acelerar las sanciones económicas o llevar a la Región a un conflicto ante el Tribunal de Justica de la UE.
La supresión de subvenciones a los agentes sociales, sindicatos y empresas que figuran en el acuerdo de presupuestos, puede ser considerada como un obstáculo al derecho a la participación institucional recogido en el articulo 7 de la Constitución, puede provocar la ruptura del necesario diálogo social y puede vulnerar el propio estatuto de autonomía.
Es buena noticia la inversión en vivienda pública, aunque insuficiente y que el Gobierno regional invierta 8 de cada 10 euros del presupuesto en políticas sociales, pero ¿a qué precio?
