Este texto apareció como artículo de opinión en La Verdad del sábado 25 de enero de 2020 con la firma de Rosa Cano, presidenta de EAPN-RM, y de Pedro López, vicepresidente de Incidencia Política.
Para la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM) la política ha de ser reflexión y análisis crítico, diagnóstico y planificación.
Debe también responder a una estrategia en la que la persona y sus derechos se sitúen en el centro y se antepongan los intereses colectivos frente a los individuales o de partido.
Entendemos que el acuerdo para la aprobación de los presupuestos 2020 de la CARM no responde a estas premisas. Esta afirmación es consecuencia del análisis de los puntos que lo conforman.
Varios de estos puntos tienen relación con la financiación de las políticas sociales. Recientemente, se han dado a conocer dos investigaciones sobre la realidad de la región: una promovida por EAPN-RM y el informe Foessa. Señalamos solo dos datos: 32% de la población murciana está riesgo de pobreza y exclusión social y 138.000 personas en situación de exclusión social severa. La evidencia científica demuestra que hay que revisar a fondo qué y cómo se está haciendo y cambiar radicalmente el modelo actual de financiación de esas políticas.
Priorizar las políticas sociales por sectores (familias, personas con discapacidad, personas mayores) es un enfoque obsoleto e ineficaz. El debate entre políticas sectoriales y políticas transversales ya se superó a finales del siglo pasado. El riesgo de pobreza y exclusión afecta potencialmente a cualquier persona. Es un riesgo del que nadie está exento más allá de su condición de nacional o inmigrante, de su etnia, sus capacidades o su familia. La prioridad son los derechos de todas las personas.
Es inaplazable el diseño de una Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza y Exclusión acorde con el diagnóstico preciso con el que ya contamos. Hablamos de la realidad objetiva y alejada de los contextos de improvisación.
De la misma forma que los derechos deben estar en la base de las políticas y decisiones, las obligaciones de cada administración deben cumplirse con diligencia. La atención a las niñas y niños extranjeros no acompañados no es una tarea opcional sino que es competencia y responsabilidad de la CARM, bajo mandato legal. No hay nada más que debatir.
Los menores vuelven a estar involucrados en otro punto del acuerdo, el referido a la “autorización expresa de las familias para la participación en actividades complementarias” de los centros educativos.
La educación y la formación como ciudadanos y ciudadanas es una tarea compartida y complementaria. Y, para eso, los centros educativos cuentan ya con un con órgano colegiado, el Consejo Escolar, en el que todas las partes implicadas puedan opinar y decidir sobre la planificación del centro educativo. Los contenidos y actividades que el Consejo Escolar consensúa se recogen, además, en la Programación General Anual.
No podemos más que estar en contra de cualquier medida, sea del calado ideológico que sea, que vaya en contra de la función de la escuela en la preparación de ciudadanía responsable, comprometida y a la altura del contexto sociológico e histórico en el que le toca vivir.
Al calor del debate, consideramos obligatorio poner el énfasis en cuestiones ya recogidas en el II Pacto de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia: educación de 0 a 3 años, la igualdad efectiva de oportunidades, el absentismo y el abandono escolar, las becas de comedor, la gratuidad de la educación, los guettos escolares…
Hay otro punto del acuerdo, relativo a la cooperación al desarrollo, sobre el que quisiéramos aportar una opinión. Tenemos la convicción de que la mejor política de gestión de los flujos migratorios, más allá de primar ayudas en catástrofes naturales y emergencias humanitarias, es aquella que inteligentemente está destinada al desarrollo de los países que en la actualidad están “exportando” personas. Nadie debería verse obligado a dejar su país, sea por guerra, persecución política o pobreza extrema.
Para acabar, y más allá de la valoración de los puntos del acuerdo, quisiéramos manifestar nuestra disposición a continuar manteniendo interlocución con el gobierno regional en la línea de trabajo ya iniciada por EAPN-RM con el presidente y la vicepresidenta. De hecho, en la última reunión mantenida con ambos el pasado 10 de enero, nos aseguraron que la lucha contra la pobreza y la exclusión social es una prioridad de todo el gobierno regional.
Así mismo, seguimos manteniendo una actitud proactiva de diálogo y trabajo conjunto con todas las fuerzas políticas de la región de Murcia y el resto de agentes sociales en aras de avanzar hacia políticas de acción social actualizadas y de nueva generación. Unas políticas que solo se harán realidad con unos presupuestos adecuados.
Versión original del artículo en La Verdad, aquí.