Consideramos necesario responder a una nota de prensa que ha difundido esta mañana (01 de septiembre de 2022) la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.
Dicha nota de prensa se titula “La Comunidad destina 30 millones a los programas de Empleabilidad y Garantía Juvenil mediante concurrencia competitiva y asegura su continuidad” y ha sido publicada coincidiendo con la concentración que hemos realizado hoy en el Palacio de San Esteban para, precisamente, exigir garantías en la continuidad de los programas de empleabilidad y garantía juvenil.
El pasado lunes 29 de agosto, mantuvimos una reunión con responsables del IMAS, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia y de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital. La información que se dio a las personas que fueron en representación de EAPN-RM se trasladó al día siguiente a representantes de las 18 entidades de la red que desarrollan estos programas y se valoró de forma unánime que lo propuesto en la reunión del día 29 de agosto está lejos de ser las garantías que se necesitan para la continuidad de los programas.
El miércoles 31 de agosto, enviamos un correo electrónico a los responsables con quienes nos reunimos el lunes pasado. En ese correo, señalamos que “valoramos mucho la coordinación y el esfuerzo hecho hasta el momento por ambas Consejerías”. También les comunicamos que “las entidades consideran que las dos cuestiones que se tienen que dar para estimar que hay garantías en la continuidad de los programas de mejora de empleabilidad son las que ya hemos expuesto en otras ocasiones”. Esas dos cuestiones son las siguientes:
- Garantía jurídica. Que cada entidad disponga de un documento acreditativo de la concesión del programa y de los fondos aprobados para su ejecución.
- Anticipo de fondos. Que estén establecidos los medios y mecanismos necesarios para que, al inicio del programa, cada entidad disponga o esté en disposición de disponer anticipadamente de los fondos necesarios para iniciar los programas y abordar los gastos del mismo.
Si se diera el caso de que las entidades se retiraran, tal y como dice la nota a la que respondemos, no será una decisión que se tome libremente. Será una decisión a la que se verán obligadas a causa de la situación a la que hemos llegado “debido a la falta de anticipación y planificación por parte de la Administración Regional”. Este último entrecomillado sale de una carta que esta misma semana hemos enviado a todos los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional.
Cuando exigimos garantías para la continuidad de los programas que atienden a 3500 personas debemos dejar claro que precisamos garantías escritas. Este mismo año, en la convocatoria de subvenciones para el periodo entre enero-septiembre de 2022, la gran mayoría de las entidades han visto minorada la concesión de la subvención en un importe que no se estimaba. Así, las entidades tuvieron que asumir unos gastos con recursos propios que, en muchas ocasiones, no se disponen. Es el 1 de octubre de 2022 cuando las entidades y las 3500 personas que participan en los programas deben saber a qué atenerse, no en febrero o marzo de 2023.
Las políticas sociales son responsabilidad de las Administraciones Públicas y son ellas las que no se pueden retirar de sus obligaciones.
Más información sobre la situación actual de los programas de empleabilidad aquí o aquí.
La imagen que encabeza este texto es una foto de la concentración celebrada el 01 de septiembre de 2022 en el Palacio de San Esteban para exigir garantías en la continuidad de los programas de empleabilidad.
